La ONG Provea informó este viernes que personas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio, en contexto de protestas antichavistas, son presionadas y amenazadas para que «admitan delitos que el Ministerio Público les ha imputado sin pruebas y «sin garantías» al «debido proceso», según denuncias que recibió la organización de familiares de los apresados.
A través de X, estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal.
Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos», señaló Provea.
Según Provea, las denuncias de los familiares proceden de detenidos en las cárceles de Tocuyito, Tocorón, el Rodeo y Las Crisálidas.
Las personas detenidas, señaló Provea, están siendo «acusadas de terrorismo», un delito que, según la legislación venezolana, contempla penas de entre 25 a 30 años de prisión.
La Fiscalía acusa a los manifestantes de generar «violencia» y «vandalismo» durante las protestas, afectando así a sedes de organismos públicos, mientras que la mayor coalición opositora, que denuncia como «fraudulento» el resultado electoral.
Tras las elecciones presidenciales, más de 2.400 personas fueron detenidas, según cifras del Ejecutivo, en contexto de protestas masivas suscitadas contra el resultado oficial que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro, una victoria que ha sido cuestionada dentro y fuera del país.
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