Valencia, 6 de mayo de 2026-. Condenaron a 60 años de prisión a exjugador de Guaiqueríes de Margarita. La condena de Dagoberto Peña marca un caso judicial de alto impacto en Estados Unidos.
La condena de Dagoberto Peña fue dictada por un tribunal federal con una pena de 60 años de prisión.
El exjugador dominicano, de 37 años, fue hallado culpable de delitos de explotación sexual infantil.
Dagoberto Peña tuvo pasado deportivo en equipos como Guaiqueríes de Margarita en Venezuela.
El caso fue revisado por la jueza federal Sheri Polster Chappell en una corte de Estados Unidos.
La sentencia incluye también medidas de supervisión de por vida tras cumplir la pena.
Condenaron a 60 años de prisión a exjugador de Guaiqueríes de Margarita
La condena de Dagoberto Peña fue emitida por un tribunal federal en el estado de Florida.
El fallo contempla 60 años de prisión por múltiples cargos relacionados con explotación de menores.
Entre los delitos figuran producción, posesión y acceso a material de abuso sexual infantil.
El tribunal consideró probadas las acusaciones presentadas por la fiscalía estadounidense.
El caso fue calificado como una violación grave de las leyes federales.
La jueza destacó la gravedad de los hechos durante la lectura de la sentencia.
Peña se había declarado culpable de los cargos el pasado mes de enero.
La condena de Dagoberto Peña incluye además registro obligatorio como delincuente sexual.
Investigación y cargos
Según documentos judiciales, los hechos ocurrieron entre octubre de 2024 y febrero de 2026.
La investigación señaló que el acusado utilizó su posición de confianza para acercarse a menores.
Las autoridades afirmaron que se trataba de dos víctimas menores de edad.
El tribunal indicó que los delitos implicaban la producción de material ilícito.
La condena de Dagoberto Peña refleja la aplicación estricta de leyes federales en estos casos.
El proceso judicial se extendió durante varios meses hasta la sentencia final.
Medidas adicionales
Además de la prisión, el juez ordenó libertad vigilada de por vida tras la condena.
Esto significa supervisión permanente en caso de una eventual salida de prisión.
Las autoridades judiciales señalaron que se trata de una medida de protección pública.
