Valencia, 4 de septiembre de 2026-. Colombia suspende bombardeos contra grupos armados cuando exista información sobre la presencia de menores en los objetivos.
La orden fue emitida este jueves por un juzgado de Bogotá contra el presidente Abelardo de la Espriella y el Ejército.
La decisión fue adoptada como medida provisional por la juez 34 de Familia de Bogotá, Viviana Arciniegas.
El fallo responde a una acción de tutela presentada en representación de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados.
La resolución ordena suspender las operaciones aéreas ofensivas mientras se estudia una decisión definitiva sobre el recurso.
La medida también permanecerá vigente hasta verificar las medidas de precaución y protección necesarias.
Colombia suspende bombardeos contra grupos armados cuando exista información sobre la presencia de menores en los objetivos
La juez determinó que los bombardeos solamente podrán ejecutarse bajo determinadas condiciones.
Las autoridades deberán establecer que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar un objetivo militar legítimo.
Esta evaluación deberá realizarse con base en la información disponible y los protocolos operacionales establecidos.
La decisión judicial se conoció una semana después de una operación militar en el departamento del Guaviare.
El pasado 27 de agosto, diez personas murieron durante un bombardeo contra una disidencia de las FARC.
Medicina Legal confirmó posteriormente que tres de los cuerpos correspondían a menores de edad.
Dos de ellos tenían 15 años y el tercero tenía 16 años.
El Gobierno defendió la legalidad de la operación realizada en Guaviare.
Las autoridades sostuvieron que los menores formaban parte del grupo armado y fueron considerados “blanco legítimo”.
El caso generó nuevamente cuestionamientos sobre las operaciones militares contra grupos armados.
Tutela aún no tiene decisión definitiva
La medida judicial también exige acciones a varias instituciones encargadas de la seguridad y defensa nacional.
Entre ellas están la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares.
También incluye al Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada Nacional.
Todas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.
La decisión no representa todavía un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de los bombardeos.
Su aplicación será provisional mientras el juzgado resuelve de fondo la acción de tutela.
Al tratarse de una orden judicial de obligatorio cumplimiento, su desacato puede generar sanciones.
La controversia ocurre mientras Colombia enfrenta alertas por el reclutamiento de menores por grupos armados.
Según la Defensoría del Pueblo, se conocieron 1.173 casos entre 2024 y el 31 de julio de 2026.
La cifra corresponde a niños, niñas y adolescentes reclutados en distintas zonas del país.
El caso del Guaviare se suma a la muerte de otro menor durante un bombardeo.
Esa operación ocurrió el pasado 10 de agosto en la región del Catatumbo, en el noreste colombiano.
