AP – Caracas, 20 de abril de 2024. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió el viernes que en Colombia hay una crisis humanitaria derivada del flujo de miles de migrantes que están intentando cruzar la peligrosa selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos.
“Existe una evidente situación de crisis humanitaria: la gente tiene hambre, no tiene salud, sufre violencia, extorsiones, violaciones, y lo que advierte la CIDH es una ausencia del Estado”, señaló a la prensa la comisionada Andrea Pochak, relatora sobre Movilidad Humana.
La CIDH recorrió Necoclí, un pueblo costero de Colombia cercano a la selva del Darién, como parte de una visita en terreno de ocho departamentos que finalizó el viernes para observar el impacto de la violencia en los derechos humanos en todo el país y en la que se entrevistó con autoridades estatales, comunidades étnicas, víctimas, migrantes, políticos y el sector privado.
Necoclí se ha convertido en un paraje en el que los migrantes esperan por varios días, o a veces meses en la playa cuando no tienen dinero, para abordar una lancha que los lleve por mar abierto hacia Acandí o Capurganá, donde inicia la selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, una ruta irregular por la que pasan miles de personas al año.
El año pasado, más de 520.000 personas cruzaron la inhóspita selva sin carreteras, según el departamento migratorio de Panamá, el doble que en 2022.
La CIDH indicó que la crisis humanitaria por el flujo de personas en movilidad —especialmente venezolanas, haitianas y ecuatorianas y de otros continentes—, está “aumentando el ya existente riesgo de trata de personas, explotación sexual y otras formas contemporáneas de esclavitud”.
La travesía por la selva se puede extender por cinco días por caminos resbaladizos, montañas empinadas, cruces de ríos caudalosos y exposición a animales salvajes. Además, están expuestos a bandas criminales y se ha dado casos de extorsiones, abusos sexuales o asesinatos.
Según Pochak, es urgente prestar ayuda humanitaria a la población migratoria, especialmente del Estado a nivel nacional o local, porque actualmente la ayuda proviene de instituciones de cooperación internacional.
La delegación de la CIDH —que incluyó comisionados, la secretaría ejecutiva y relatores— viajó durante la semana por departamentos donde hay presencia de grupos armados y problemas marcados de pobreza y desigualdad.
En sus observaciones preliminares, la CIDH señaló su especial preocupación por el control territorial que ejercen grupos armados ilegales en territorios de poblaciones étnicas que generan “confinamiento y desplazamiento interno, cuya magnitud configura una crisis humanitaria que da lugar a la pérdida de su identidad cultural y pone en riesgo su supervivencia”.
La CIDH no cumplía una visita en terreno desde 2012, cuando advirtió de los impactos de la violencia en la población civil que causaban los grupos armados. Como diferencia en la reciente visita, destacaron la firma del acuerdo de paz en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, indicaron que se ha reconfigurado el conflicto armado en el país, lo que continúa afectando los derechos humanos.
“Ha habido una transmutación del conflicto, hace 12 años el conflicto estaba caracterizado por intereses políticos, ideológicos, hoy no podemos decir lo mismo… Los unen intereses económicos en controlar economías ilegales”, indicó en la rueda de prensa María Claudia Pulido, secretaria adjunta de la CIDH. “Es otro conflicto, aunque la violencia es la misma”.
