Versión Final – Caracas, 12 de marzo de 2024. El caso del exteniente asesinado en Chile, Ronald Ojeda, llegará a la Corte Penal Internacional (CPI) este martes, de la mano del abogado Juan Carlos Manríquez, quien expondrá todos los antecedentes que están escritos en el delito de secuestro y asesinato del venezolano.
Esta denuncia se unirá al expediente “Venezuela I”, que el tribunal internacional abrió por los crímenes contra la humanidad perpetrados por el Gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2017.
De esta manera, el derechista entregará toda la documentación necesaria al organismo para ubicar a Ronald Ojeda como evidencia de persecución a disidentes y eventual desaparición forzada de los mismos.
Manríquez explicó que desde 2018 está abierta esta investigación “que ha recogido una gran cantidad de antecedentes de quiénes han tenido que ser parte de la diáspora venezolana, tanto por razones políticas como de persecución, y aquellos que son sujetos de desplazamientos forzados. A su vez, hay quienes sostienen que existe allí una política sistemática de eliminación de opositores”, señaló al medio Ex-Ante.
Según el abogado, “yo represento desde aquella época a algunos de los ministros titulares del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, algunos de los cuales formaban parte de la Sala Penal de la Corte Suprema Venezolana. Al momento de ser perseguidos, algunos llegaron a Chile y obtuvieron el régimen de asilo y sumé su caso a la investigación de Venezuela I”.
Debido a las características del caso, “en la línea que dice relación con la desaparición forzada de personas o bien, en este caso, actos de homicidio y desaparición, si es que este fuera tal; por sus características, el caso del señor Ojeda puede sumarse a esa línea de investigación, y ser un elemento más de aquellos que permiten entender que, en el concierto internacional, este tipo de conductas no se remiten solo a un espacio geográfico”, señaló.
En cuanto a las expectativas de la causa, la sala de cuestión preliminar autorizó a la fiscalía el pasado 1 de marzo a reasumir la investigación en Venezuela I, atendido a que no se habían entregado a ésta datos suficientes (por parte del régimen de Maduro) para convencerse de una investigación seria y efectiva. “Dicha decisión fue confirmada por la sala de apelación de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional, razón por la cual la fiscalía sigue adelante”, aseguró Manríquez a Ex-Ante.
“Quienes tengan que responder, eventualmente, si es que se formulan cargos formalmente, serán todos aquellos respecto de los cuales se establezca una perpetración directa o indirecta o en alguna de las formas de intervención de los delitos penales internacionales. Recordemos que la Corte Penal Internacional no persigue la responsabilidad de estados ni gobiernos, sino de personas en delitos internacionales, que son las grandes atrocidades. Esto es, los delitos más graves contra los derechos humanos y la humanidad”, apuntó.
