Cambios en licencias de Estados Unidos buscan reducir conflictos legales en contratos petroleros venezolanos. El abogado venezolano José Ignacio Hernández aseguró que las modificaciones realizadas por el Gobierno de Estados Unidos a las licencias generales 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A y 54A para los sectores extractivos venezolanos buscan aclarar aspectos legales que habían generado dudas sobre su compatibilidad con la legislación venezolana.
Según explicó en su blog, las nuevas disposiciones introducen cambios relacionados con la ley aplicable a los contratos y los mecanismos de resolución de disputas, elementos clave para empresas que operan con Pdvsa o entidades vinculadas al sector petrolero y minero venezolano.
Cambios en licencias de Estados Unidos buscan reducir conflictos legales en contratos petroleros venezolanos
Hernández indicó que uno de los principales cambios está relacionado con la interpretación jurídica de los contratos.
Antes, las licencias exigían que los acuerdos se rigieran por las leyes de Estados Unidos. Ahora, las nuevas versiones establecen que los términos contractuales se interpretarán conforme a leyes de un estado o jurisdicción estadounidense, mientras ciertos aspectos regulatorios seguirán sujetos al marco venezolano.
El jurista sostuvo que esta modificación permite reconocer que actividades en Venezuela continúan bajo normas nacionales relacionadas con permisos administrativos, concesiones, ambiente, trabajo y seguridad industrial. “Las leyes de Estados Unidos y Venezuela son complementarias”, explicó.
Disputas podrán resolverse en cuatro países
Otro ajuste relevante se refiere a la resolución de controversias. Las nuevas licencias establecen que los procesos de arbitraje o disputas contractuales podrán desarrollarse en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur, ampliando las opciones previamente contempladas.
Pese a los avances, Hernández advirtió que todavía existen contradicciones legales por resolver dentro del marco venezolano y consideró necesaria una reforma del derecho administrativo venezolano para disminuir riesgos regulatorios y fortalecer las garantías a la inversión extranjera.
Con información de Banca y Negocios.
