Amnistía Internacional acusa al Gobierno de Trump de cometer posibles ejecuciones extrajudiciales en redadas y exige el desmantelamiento total del ICE. Tras una exhaustiva pesquisa de campo sustentada en 154 entrevistas directas y el peritaje de más de una treintena de registros audiovisuales, Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves 24 de septiembre de 2026 que el Gobierno de Estados Unidos incurrió en graves y sistemáticas violaciones de derechos fundamentales a través de redadas federales ejecutadas entre 2025 y 2026.
La organización no gubernamental centró su indagatoria en las maniobras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y agencias aliadas desplegadas en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis.
Patrón de violencia estatal y señalamiento de ejecuciones extrajudiciales
El organismo compendió sus hallazgos en un documento formal de 130 páginas que expone la crudeza de los procedimientos de interdicción en territorio norteamericano.
La publicación, titulada «Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE», detalla un catálogo de excesos cometidos por uniformados federales.
En tal sentido, el informe identifica patrones de perfilamiento racial, privaciones arbitrarias de la libertad, hostigamiento vecinal continuado y un uso desproporcionado de armamento letal en las calles.
Asimismo, AI alerta que algunos desenlaces fatales constituyen crímenes atroces que exigen una profunda rendición de cuentas penal:
«Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales».
Aunado a esto, los investigadores documentaron balaceras directas perpetradas por los oficiales contra civiles desarmados:
Los uniformados dispararon contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González en Chicago, agredieron con proyectiles a Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, e hirieron de gravedad a Philip Brown y Justin Bryant Nelson en la capital federal.
Retórica supremacista, represión y el pedido de disolución del ICE
Discursos xenófobos y criminalización de defensores
Por otra parte, Amnistía Internacional responsabilizó a la administración de Donald Trump por alentar una campaña punitiva masiva cimentada en narrativas de intolerancia y teorías de supremacía blanca. En consecuencia, la maquinaria estatal dirigió su fuerza de choque contra comunidades racializadas, peticionarios de asilo y refugiados vulnerables.
De igual manera, los efectivos policiales dispersaron violentamente protestas pacíficas utilizando gases lacrimógenos y aerosoles de pimienta contra miembros de redes de apoyo vecinal y observadores cívicos, empleando además tecnologías invasivas de reconocimiento facial para vulnerar la privacidad ciudadana.
Incomunicación, torturas y fractura institucional
Por añadidura, el dossier detectó un funcionamiento irregular y clandestino de las instalaciones oficiales:
Los agentes retuvieron a inmigrantes en despachos locales y recintos administrativos bajo regímenes de incomunicación total, privándolos del contacto con sus abogados y negando a las familias la ubicación de sus seres queridos.
La ONG califica este método de aislamiento deliberado como hechos asimilables a la desaparición forzada de personas:
Estas prácticas coercitivas e inhumanas dentro de las celdas temporales vulneran de forma flagrante los tratados que prohíben la tortura.
Para AI, la falla no reside en errores de agentes aislados, sino en una estructura viciada que la Casa Blanca respalda y ensancha sistemáticamente.
Con información de EFE
