Valencia, 5 de noviembre de 2026-. Al menos 20 ONG de derechos humanos suspendieron su colaboración con la CPI por temor a sanciones de Estados Unidos.
Al menos veinte organizaciones de derechos humanos han suspendido o reducido drásticamente su cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2025 tras las medidas coercitivas aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos. El distanciamiento de los colectivos amenaza directamente la recolección de pruebas e investigación de crímenes de guerra a escala global.
Una investigación conjunta desarrollada por la plataforma neerlandesa Investico y el semanario De Groene Amsterdammer tras consultar a más de 100 ONG constató la paralización de la asistencia técnica y testimonial. Entre las entidades que suspendieron sus vínculos se encuentra Human Rights Watch (HRW), mientras que Save the Children Países Bajos y la plataforma Forensic Architecture analizan actualmente la viabilidad de sus relaciones con el tribunal supranacional.
El repliegue de los defensores de derechos humanos responde a las sanciones firmadas a partir de febrero de 2025 por la administración del presidente Donald Trump contra funcionarios y la estructura de la CPI. La medida punitiva fue adoptada en represalia luego de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Al menos 20 ONG de derechos humanos suspendieron su colaboración con la CPI por temor a sanciones de Estados Unidos
Las restricciones financieras y de visado dictadas por Washington impiden a las personas y entidades alcanzadas por las sanciones operar en el sistema bancario global y formalizar contratos con firmas estadounidenses. La presión aumentó de intensidad tras el anuncio del endurecimiento general del paquete sancionatorio hacia la institución en su conjunto.
La pérdida de contacto con la red de ONG locales debilita la capacidad operativa de la fiscalía en La Haya, al ser estas organizaciones las encargadas de llegar en primer término a los escenarios del conflicto, tomar declaraciones y preservar documentación sustancial.
«Son una parte muy importante de nuestro trabajo. No investigan por nosotros, pero nos proporcionan pistas que nos permiten encontrar formas de corroborar las pruebas», explicó la exfiscal jefa de la CPI Fatou Bensouda al medio Investico.
El informe de los medios neerlandeses subraya que financistas norteamericanos han incluido cláusulas en sus convenios para prohibir cualquier tipo de vínculo con la CPI, extendiendo el veto a proyectos que no guardan relación alguna con Estados Unidos o Israel.
Cierre de organizaciones y postura del Estado anfitrión
La repercusión de las órdenes ejecutivas ha impactado severamente en la infraestructura civil palestina. El caso de mayor gravedad lo constituye Defence for Children Palestine —organización dedicada a documentar abusos contra la infancia en la región—, que se vio obligada a disolverse formalmente tras sufrir incursiones en sus oficinas, señalamientos administrativos y un bloqueo financiero continuado.
De igual modo, organizaciones europeas no sujetas al ordenamiento jurídico estadounidense han optado por cancelar sus nexos con el tribunal de La Haya para salvaguardar sus operaciones globales frente a posibles represalias. «Durante más de diez años hemos mantenido una relación de trabajo con la CPI. Ahora estamos reconsiderándola», ratificó Eyal Weizman, director de Forensic Architecture.
La investigación cuestionó la postura asumida por el Gobierno de Países Bajos, país anfitrión del organismo judicial. La administración neerlandesa descartó asumir obligaciones directas individuales para proteger a las ONG locales frente a los efectos extraterritoriales de las sanciones estadounidenses, supeditando su accionar a una eventual estrategia consensuada en el marco de la Unión Europea.
A pesar de que la UE dispone del Reglamento de Bloqueo para neutralizar los efectos de medidas coercitivas extranjeras, el instrumento no se ha activado hasta el momento para amparar el funcionamiento de las ONG.
