Abogado Juan Pablo Montiel considera que «la ciudadanía debe conocer quiénes evaluarán a los aspirantes» al TSJ y resaltó que los lapsos de ley que corresponde «no se pueden relajar».
El abogado Juan Pablo Montiel analiza la designación en la Asamblea Nacional de los 12 miembros de la sociedad civil.
Esta aprobación parlamentaria completa la integración del Comité de Postulaciones Judiciales con un total de 23 miembros.
El jurista ofreció un balance detallado sobre el alcance y la relevancia de esta decisión institucional.
Exigencia de transparencia e independencia
El especialista afirmó que la juramentación de los integrantes abre una etapa decisiva para la justicia venezolana.
«La ciudadanía debe conocer quiénes evaluarán a los aspirantes, cuáles son sus antecedentes y qué criterios utilizarán», señaló.
Montiel advirtió que «la condición de representante de la sociedad civil no garantiza, por sí sola, independencia».
Por ello, sostuvo que los vínculos profesionales o políticos deben examinarse con rigor antes de realizar cada evaluación.
«Lo determinante será que los integrantes actúen con autonomía y que la evaluación se fundamente en el mérito», expresó.
Fases legales y cronograma de postulación
El jurista detalló el procedimiento legal que debe cumplirse rigurosamente antes de la elección definitiva de los magistrados.
«Hay unos lapsos de ley que corresponde que no se pueden relajar, que deben ser cubiertos», enfatizó Montiel.
Precisó que el comité debe instalarse este viernes 23 de octubre para organizar el cronograma público de trabajo.
Tras la convocatoria, la ley exige un plazo no menor a 30 días continuos para recibir las postulaciones.
Luego se abrirán 15 días para impugnaciones, un filtro ante el Poder Ciudadano y la votación parlamentaria.
Acuerdos políticos para renovar el Poder Judicial
El especialista destacó que esta instancia surge en el marco de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo.
Recordó que en esas conversaciones participaron representantes parlamentarios electos en 2015 junto a los diputados actuales.
«Venezuela necesita magistrados capaces de decidir conforme a la Constitución y las leyes, libres de subordinación política», concluyó.
