Defensa de Nicolás Maduro exige a la jueza Analisa Torres anular el cargo por torturas y reitera la «inmunidad soberana». El equipo de abogados de Nicolás Maduro solicitó formalmente a la justicia de los Estados Unidos anular el cargo de conspiración para cometer torturas este miércoles 11 de noviembre de 2026.
Los litigantes alegaron que los fiscales incurrieron en graves fallas procesales que invalidan la acusación formulada contra su defendido. Asimismo, el escrito legal reiteró que tanto el mandatario como su esposa, Cilia Flores, gozan de inmunidad soberana plena como autoridades de Estado.
La disputa territorial entre Brooklyn y Manhattan y los arrestos cuestionados
Al desgranar los fundamentos del petitorio consignado ante la corte federal, los defensores no atacaron el fondo sustantivo de las graves denuncias sobre torturas, sino que enfocaron sus dardos en la competencia jurisdiccional del estrado.
En tal sentido, la bancada defensora argumentó que el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, situado en Brooklyn, debe procesar legalmente este delito específico, tomando en cuenta que ambos acusados permanecen recluidos en ese condado desde enero.
A este respecto, los juristas rechazaron enérgicamente que el Tribunal del Distrito Sur, ubicado en Manhattan, continúe manejando la causa como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Aunado a esto, los abogados denunciaron que los alguaciles ejecutaron arrestos reiterados contra Maduro y Flores durante sus últimas presentaciones en sala, pese a que ambos ya se encontraban bajo estricta custodia carcelaria, con la única finalidad de fabricar una base legal artificial.
La exigencia de las pruebas y la resolución de la inmunidad soberana
La solicitud subsidiaria y la inspección judicial de evidencias
Por otra parte, los litigantes previeron un escenario adverso y formularon una petición alternativa en caso de que la magistrada Analisa Torres decida rechazar la desestimación directa del delito imputado.
En esa dirección procesal, la defensa solicitó que la corte ordene la entrega inmediata de la totalidad de los registros y testimonios que los fiscales emplearon para sustentar el nuevo señalamiento por torturas.
En consecuencia, los juristas plantearon que, de no concederles acceso directo a dichos archivos clasificados, sea la propia jueza quien examine de manera personal y reservada los legajos para comprobar su consistencia.
Dicha postura confirma que el alegato de la defensa evita contradecir los hechos descritos en las actas acusatorias, limitándose a combatir la potestad legal del juzgado para llevar adelante el enjuiciamiento.
Las mociones prioritarias sobre la inmunidad del Estado
Por añadidura, el equipo legal requirió formalmente a la jueza Torres pronunciarse en primer lugar sobre las peticiones previas que reclaman anular la totalidad del proceso penal con base en la figura de la inmunidad soberana de Maduro y de Flores.
Los defensores sostienen que ningún tribunal norteamericano posee facultad jurídica para juzgar a mandatarios en funciones o a cónyuges presidenciales protegidos por tratados de derecho internacional.
En tal contexto, los fiscales federales preparan sus escritos de respuesta para rebatir cada punto de la solicitud y sostener la plena competencia del Distrito Sur de Manhattan.
Por otro lado, diversos observadores jurídicos señalan que la decisión que adopte la jueza Analisa Torres marcará un precedente definitorio en el curso que tomará este proceso en las próximas etapas.
Con información de Alertas 24
