Valencia, 6 de noviembre de 2026-. Aseguran que el TSJ no eliminó los tribunales de terrorismo y redistribuyó los casos en más de 700 juzgados en el país.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) redistribuyó las competencias en materia de terrorismo a todos los tribunales de control del país.
La medida contenida en la Resolución Nº 2026-0010 elimina la exclusividad que mantenían cuatro juzgados especiales a nivel nacional.
La información sobre la reforma judicial fue reportada originalmente en un trabajo periodístico difundido por el diario El Nacional.
Aseguran que el TSJ no eliminó los tribunales de terrorismo y redistribuyó los casos en más de 700 juzgados en el país
La resolución aprobada el 13 de octubre mantiene la estructura de los tribunales de juicio y las Cortes de Apelaciones en Caracas.
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que la jurisdicción especial no fue suprimida sino ampliada en su alcance.
Por su parte, el abogado y miembro del comando ConVzla, Omar Mora Tosta, detalló que la decisión incrementa la cantidad de juzgados habilitados.
Los nuevos asuntos serán procesados en los tribunales de primera instancia de cada estado bajo las reglas del Código Orgánico Procesal Penal.
Asimismo, la normativa establece que los cuatro juzgados anteriores culminarán los expedientes que ya se encuentran bajo su conocimiento.
Reorganización en el sistema de responsabilidad de adolescentes
El TSJ aplicó un esquema similar dentro del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes mediante la Resolución N.º 2026-0013.
El documento aprobado el 27 de octubre suprimió la competencia especial a dos tribunales con sede en Caracas que centralizaban los casos.
Desde la entrada en vigencia del texto, las causas contra menores serán asumidas por los tribunales de control de cada circuito regional.
Los voceros del ámbito legal señalaron que la suma de ambas resoluciones eleva a casi 700 los tribunales con competencia en la materia.
Exigencias de derogación de leyes y anulación de causas
Especialistas y defensores de derechos humanos afirmaron que los reconocimientos sobre la garantía del juez natural obligan a anular los procesos viciados.
Foro Penal y la representación jurídica del sector opositor demandaron la nulidad de los expedientes y la liberación plena de las personas procesadas.
Asimismo, los analistas juristas reiteraron la necesidad de derogar instrumentos legales como la Ley contra el Odio y la Ley contra el Terrorismo.
Los voceros enfatizaron que las reformas deben orientarse a restablecer las garantías institucionales ante las próximas etapas políticas del país.
Lee el articulo original en El Nacional.
