FundaRedes acude al Comité Internacional de la Cruz Roja ante la ola de intoxicaciones masivas por sustancias desconocidas en colegios de Táchira, Trujillo y Barinas. La organización no gubernamental venezolana FundaRedes alertó formalmente sobre el alarmante incremento de cuadros de intoxicación colectiva en planteles de los estados Táchira, Trujillo y Barinas, reiterando este sábado 24 de octubre de 2026 su llamado urgente a la cooperación internacional.
La entidad defensora de los derechos humanos formalizó una petición de auxilio y mediación humanitaria ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) frente a la falta de respuestas contundentes por parte de los despachos gubernamentales.
Dicha solicitud busca frenar una seguidilla de incidentes respiratorios que comprometen directamente la integridad física de cientos de niños, niñas y adolescentes en el occidente venezolano.
Químicos desconocidos, llamados de auxilio al CICR y las denuncias de Tarazona
La presidencia de la organización expuso los patrones clínicos de los eventos y cuestionó duramente el silencio de los ministerios involucrados:
- El presidente de FundaRedes, Javier Tarazona, denunció a través de sus plataformas digitales la recurrencia de estos siniestros provocados por la aspiración involuntaria de compuestos químicos no determinados dentro de las instalaciones escolares.
- La dirigencia humanitaria reprochó la marcada opacidad institucional y el secretismo con el que los organismos policiales y sanitarios manejan los expedientes toxicológicos.
- El portavoz censuró la carencia absoluta de boletines epidemiológicos oficiales que expliquen el origen de las emanaciones o atiendan integralmente los traslados a centros asistenciales.
- El activista subrayó que la omisión de medidas preventivas y la falta de protocolos de contingencia transformaron los salones de clase en «escenarios de vulnerabilidad» extrema para la infancia.
- La ONG solicitó formalmente al personal del Comité Internacional de la Cruz Roja realizar inspecciones técnicas independientes en los centros educativos afectados de las tres entidades territoriales.
En tal sentido, la participación de organismos técnicos internacionales garantizaría un levantamiento fidedigno de muestras de aire y suelos en los planteles con casos recurrentes.
A este respecto, diversos médicos pediatras recuerdan que los cuadros de asfixia por vapores tóxicos pueden provocar secuelas respiratorias crónicas y daños neurológicos en organismos en desarrollo.
Aunado a esto, las asociaciones de representantes denuncian que la ausencia de respuestas fomenta el ausentismo estudiantil y paraliza las actividades académicas en las zonas rurales.
Asimismo, los gremios del magisterio exigen a las autoridades dotar a los planteles con botiquines de primeros auxilios y detectores de gases para salvaguardar la vida de los educadores.
El silencio estatal y el deber constitucional de resguardar las aulas
Opacidad informativa y el llamado a la protección infantil
Por otra parte, la actuación de los despachos con competencia sanitaria despierta fuertes críticas entre los defensores de los derechos civiles.
FundaRedes remarcó que las dependencias gubernamentales evaden sistemáticamente su responsabilidad al clasificar los informes periciales bajo estricta reserva de sumario.
Dicha conducta entorpece el diagnóstico oportuno en los hospitales públicos y priva a los médicos de guardia de información farmacológica vital para contrarrestar los venenos inhalados.
La organización recordó con vehemencia que la Constitución de la República obliga al Estado a garantizar la integridad física, la salud integral y el interés superior de los niños en cualquier circunstancia.
En consecuencia, el equipo jurídico de la ONG documenta minuciosamente cada episodio clínico para elevar un expediente consolidado ante las relatorías de infancia internacionales.
De igual manera, los concejos municipales de Táchira, Trujillo y Barinas intentan abrir canales de diálogo vecinal para calmar la zozobra de las familias afectadas.
Escuelas como espacios de vida frente a la negligencia
Por añadidura, el reclamo de la sociedad civil insiste en devolver la tranquilidad y la normalidad funcional al sistema de enseñanza nacional.
El movimiento de derechos humanos recalcó que las instituciones pedagógicas deben funcionar siempre como espacios seguros y garantes de la vida, jamás como focos de exposición a sustancias peligrosas.
Dicho exhorto busca que las fiscalías ambientales abran averiguaciones imparciales que identifiquen si los incidentes responden a retos virales, fallas en depósitos de pesticidas agrícolas o negligencias con desechos industriales.
Por otro lado, los directores de escuelas y liceos reclaman protocolos claros de evacuación para desalojar las instalaciones de forma coordinada apenas detecten aromas anómalos.
De modo que la intervención solicitada al CICR, las alertas emitidas por Javier Tarazona, el misterio sobre las sustancias inhaladas y el reclamo de protección para los estudiantes de Táchira, Trujillo y Barinas marcan un punto crítico en la realidad sanitaria del occidente.
Con información de Alberto News
