¿Cuánto dinero exigen cobrar los gremios?: trabajadores públicos reclaman aguinaldos calculados sobre el ingreso integral con montos de hasta 960 dólares frente al alza de la canasta básica. Los sindicatos de la administración pública, el sector salud y el magisterio nacional consignaron este martes 13 de octubre de 2026 un pliego formal de peticiones ante el Ejecutivo para exigir que el Estado compute las bonificaciones de fin de año sobre el ingreso integral real de cada empleado.
Diversas organizaciones laborales reclaman un piso de emergencia de 300 dólares, en tanto el gremio universitario demanda hasta 960 dólares por concepto de aguinaldos con el propósito de mitigar el impacto inflacionario que devastó el presupuesto de los hogares venezolanos.
Los dirigentes gremiales fundamentan su reclamo en la disparidad existente frente a una canasta básica familiar que supera ampliamente los 700 dólares mensuales, alertando que liquidar estos beneficios tomando en cuenta únicamente el salario mínimo legal condena a los asalariados a percibir montos irrisorios que en años previos apenas rondaron entre 20 y 40 dólares por culpa de la constante devaluación.
El reclamo de la FVM, la voz de la Apucv y el instructivo Onapre
Los portavoces de las federaciones docentes detallaron los argumentos técnicos y humanos que sustentan sus peticiones ante el despacho presidencial:
- El secretario de organización de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) Miranda-Tuy, René Zapata, subrayó que el documento entregado formalmente a las autoridades exige sumar las bonificaciones mensuales y respetar el número de días consagrados en las convenciones colectivas: «No queremos ni 20 ni 30 dólares, porque con eso no se pueden tener navidades felices».
- El vocero docente aclaró que plantean la cifra transitoria de 300 dólares para solventar los gastos navideños, aunque persiguen la restitución plena de las tablas salariales: «No es realmente lo que queremos sino un sueldo justo con respecto al artículo 91 de la Constitución, pero al menos se solicita eso para este pago de fin de año».
- El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), Gregorio Afonso, precisó que los docentes universitarios reclaman 960 dólares de piso mínimo, cifra que equivale a cuatro meses de aguinaldo tasados sobre el bono integral mensual de 240 dólares que perciben actualmente.
- Afonso advirtió la crudeza de la fórmula oficial ante el diario El Pitazo: «Si solo lo calculan con el salario, ningún profesor supera los 10 dólares, ninguno».
- El dirigente universitario recordó que el gremio cobró apenas 65 dólares por bono vacacional, remarcando que el bono de profesionalización oscila entre 50 y 240 dólares, aunque solo el 14 % del profesorado activo y jubilado alcanza la escala más alta.
- Zapata exigió anular el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) para devolver el poder de compra a la masa trabajadora, condenando el congelamiento del salario mínimo legal en 130 bolívares desde marzo de 2022.
Continuará la presencia en las calles
En tal sentido, las asambleas gremiales ratifican su determinación de conservar la presencia en las calles hasta conquistar respuestas efectivas de la directiva gubernamental.
A este respecto, diversos laboralistas sostienen que el Estado vació de contenido el salario ordinario al trasladar el peso de las remuneraciones hacia bonos sin incidencia prestacional.
Aunado a esto, las organizaciones de educadores convocan a los padres y representantes a sumarse a las concentraciones para defender el futuro del sistema educativo público.
Asimismo, los comités intersindicales de Caracas coordinan agendas conjuntas con los colegios de profesionales del interior para unificar el discurso reivindicativo en las gobernaciones.
Las seis demandas a Delcy Rodríguez y la defensa de los jubilados
Inclusión de retirados y desconexión del Sistema Patria
Por otra parte, la dirigencia sindical de base expuso las carencias que sufren quienes culminaron sus años de servicio activo:
La vocera sindical de los Valles del Tuy, Mary Infante, repudió la marginación que castiga a los jubilados al dejarlos por fuera de las compensaciones especiales: «No es justo que personas que dedicaron sus años al trabajo y al país no sean retribuidas y estén pasando necesidad».
Dichas quejas estructuran las seis exigencias puntuales consignadas ante el despacho de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez:
- Computar los aguinaldos sobre el ingreso integral real y bajo las cláusulas de los contratos colectivos.
- Cancelar el Bono de Responsabilidad Profesional de manera uniforme a obreros, técnicos y profesionales, activos y jubilados, de salud y educación.
- Desmantelar el Sistema Patria como canal de pago para restituir la soberanía financiera y el control de nóminas a cada organismo ministerial.
- Instalar mesas técnicas inmediatas entre los ministros y las centrales sindicales para debatir las tablas salariales.
- Pagar regularmente los sueldos y complementos a quienes cumplen funciones en más de una institución estatal.
- Publicar un instructivo transparente de cancelación de bonos que erradique la discrecionalidad patronal.
En consecuencia, los equipos técnicos de los sindicatos esperan el llamado de los viceministerios para cotejar los cómputos de las nóminas institucionales.
De igual manera, los delegados de base denuncian que la centralización en la plataforma digital despojó a las oficinas de recursos humanos de sus facultades administrativas originarias.
La canasta alimentaria como piso ético para los pensionados
Por añadidura, el movimiento de adultos mayores fijó una postura frontal frente al tratamiento que el Estado otorga a las pensiones.
El coordinador del Comité de DD. HH. para la Defensa de Pensionados y Jubilados, Edgar Silva, catalogó de «irrisoria» la posibilidad de cobrar un aguinaldo de 140 dólares basado en el bono de 70 dólares mensuales frente a los elevados costos de medicinas y comida.
El activista señaló que fijar montos desconectados del mercado eximiría al Ejecutivo de su mandato constitucional de procurar la mayor suma de seguridad social, acusando el desvío de los recursos públicos hacia tramas de corrupción.
Silva propuso que dos o tres meses de aguinaldos sumen, como mínimo, el equivalente de la canasta alimentaria tasada por el Cendas-FVM en 755,36 dólares para agosto de 2026, tomando esa cifra como referencia para el monto definitivo de diciembre.
El dirigente exigió que ningún jubilado de la administración pública reciba pagos inferiores al valor de la cesta alimentaria, considerando la realidad contractual de cada institución.
De modo que el reclamo de 300 a 960 dólares, el rechazo a los salarios de 10 dólares, las seis peticiones ante Rodríguez y la indexación a la canasta alimentaria definen la lucha laboral.
Con información de El Pitazo
