Valencia, 2 de octubre de 2026-. La Corte Interamericana de Derechos Humanos examinará la responsabilidad del gobierno venezolano en la represión letal del 11 de abril de 2002.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones en el caso Trujillo y otros vs. Venezuela, referido a la represión ilegal de una manifestación.
El proceso judicial forma parte del 196.° período ordinario de sesiones que se desarrollará en San José, Costa Rica, del 5 al 16 de octubre de 2026. La audiencia sobre Venezuela se realizará de forma presencial el próximo miércoles 14 de octubre a partir de las 9:00 horas.
El expediente analiza la responsabilidad internacional del gobierno venezolano por el uso desproporcionado de fuerza letal durante la marcha opositora del 11 de abril de 2002. Aquella movilización pretendía llegar hasta el Palacio de Miraflores cuando ocurrieron los hechos violentos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos examinará la responsabilidad del gobierno venezolano en la represión letal del 11 de abril de 2002
El escrito de sometimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalla que agentes de la Guardia Nacional dispararon contra los manifestantes en El Silencio. En ese contexto murieron Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso, además de resultar herido Fernando Joel Sánchez Colmenares.
La investigación también documentó la participación de personas identificadas como integrantes de los círculos bolivarianos que dispararon desde Puente Llaguno. En ese episodio murieron Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo.
Asimismo, resultaron heridos José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo durante los enfrentamientos armados de aquella jornada.
Colaboración de la fuerza pública y peticiones de reparación
La comisión internacional afirmó en su remisión al tribunal que existen suficientes elementos probatorios sobre los hechos atribuidos a los grupos armados afines al oficialismo. El organismo determinó que esas acciones ocurrieron con la colaboración o la aquiescencia directa de la Fuerza Pública.
El informe concluye que el Estado venezolano incumplió su deber de garantizar una investigación adecuada y mantuvo la impunidad durante más de dos décadas. Por esta razón, la comisión solicitó a los jueces internacionales que ordene medidas de reparación integral y garantías de no repetición.
