Más de 170.000 salvadoreños quedarán al borde de la deportación este 9 de septiembre tras el fin definitivo del TPS. Más de 170.000 ciudadanos salvadoreños radicados en los Estados Unidos enfrentarán un quiebre irreversible en sus vidas a partir del próximo 9 de septiembre de 2026, fecha en la que expirará de manera definitiva el Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido a esa comunidad desde 2001.
Por lo tanto, la finalización de este amparo humanitario despojará a los beneficiarios de sus permisos de trabajo y de la autorización para residir legalmente en suelo norteamericano, dejándolos en un inminente riesgo de expulsión hacia un país con el que muchos no guardan vínculos directos ni memorias de infancia.
Ante este escenario, miles de personas que construyeron su vida entera bajo este mecanismo migratorio denuncian el vacío legal y el abandono institucional tras dos décadas y media de aportes tributarios y laborales.
Arraigo generacional, testimonios de vida y pérdida de estatus laboral
En primer lugar, testimonios recabados por agencias de noticias ilustran la dimensión humana de la medida en casos como el de Alma, una inmigrante de 30 años residente en Misuri que llegó a Norteamérica con apenas 18 meses de vida y recibió la cobertura del TPS a los cinco años gracias a la solicitud formal de su madre.
En este sentido, la beneficiaria —quien alcanzó el cargo de supervisora en una empresa fabril y logró adquirir vivienda propia— alerta que la extinción del programa destruye proyectos consolidados durante toda una vida bajo pautas y costumbres netamente estadounidenses.
- Población directamente afectada: Más de 170.000 personas de nacionalidad salvadoreña amparadas por el TPS.
- Fecha límite de vencimiento: Miércoles 9 de septiembre de 2026.
- Impacto legal inmediato: Cancelación de autorizaciones de empleo y revocación del permiso formal de residencia.
- Fuente estadística: Registros analíticos del The National Immigration Forum.
- Países con suspensiones previas del amparo: Haití, Venezuela y Afganistán bajo órdenes del Ejecutivo federal.
«Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa y estoy haciendo una carrera; de niña no tuve la posibilidad de elegir dónde hacer mi vida. Cuando me dicen que regrese a El Salvador, para mí no es regresar a una vida porque yo nunca viví allí», relató Alma al exponer la zozobra de su entorno de trabajo.
Por su parte, las empresas manufactureras en estados del centro del país anticipan vacíos operativos ante la desincorporación obligada de personal calificado con más de veinte años de servicio ininterrumpido.
Directriz de la Casa Blanca, Alianza TPS y reclamos al Congreso
Cierre de protecciones y contexto diplomático
Por su parte, la clausura del programa se inserta en la estrategia general de la administración encabezada por el presidente Donald Trump orientada a disolver protecciones como el TPS y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), directriz aplicada previamente sobre los colectivos de Haití, Venezuela y Afganistán.
De manera paralela, la expiración del beneficio para El Salvador ocurrirá sin prórrogas oficiales a pesar de que la Casa Blanca mantiene relaciones fluidas con las autoridades gubernamentales de esa nación centroamericana.
Exigencia de residencia y paralización de planes familiares
Al respecto, José Palma, coordinador de la Alianza TPS —plataforma constituida en 2017 por entidades proinmigrantes—, denunció que la falta de una legislación que otorgue la residencia permanente mantuvo a miles de familias atrapadas en una temporalidad perpetua durante un cuarto de siglo.
Asimismo, el activista de 48 años y padre de cuatro ciudadanos estadounidenses relató que el vencimiento inminente lo forzó a congelar planes de mejora en su vivienda y recortar gastos esenciales de cara a un escenario sin ingresos formales ni garantías jurídicas.
Con información de EFE
