Provea advierte que eliminar las alcabalas no frenará los abusos policiales ni la extorsión sistemática sin una depuración a fondo de los cuerpos de seguridad. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió de manera categórica que suprimir las alcabalas o puntos de control no representa una solución definitiva para erradicar los abusos de poder cometidos por funcionarios policiales y militares en el país.
La organización no gubernamental catalogó el reciente anuncio de Delcy Rodríguez como la repetición de viejas promesas oficiales que carecen de impacto real frente a las fallas estructurales de los cuerpos de seguridad del Estado.
La directriz gubernamental plantea retirar las alcabalas fijas de las zonas urbanas y sustituirlas por patrullajes móviles.
Antecedentes de la Masacre de Kennedy, reformas fallidas y militarización con Patria Segura
Asimismo, para argumentar la persistencia de esta problemática, Provea repasó episodios clave en la historia reciente del país. Tras la trágica Masacre de Kennedy en 2005, en la que efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) ejecutaron a tres estudiantes de la Universidad Santa María (USM), el Ministerio de Interior y Justicia promulgó en 2006 una resolución para regular los puntos de control.
Paralelamente, la creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) ese mismo año prometió consolidar un modelo eficiente, civil y democrático. Sin embargo, en 2013 el Ejecutivo sepultó ese proceso con el lanzamiento del Plan Patria Segura durante el primer año de mandato de Nicolás Maduro, profundizando la militarización de las calles y multiplicando las alcabalas en todo el territorio nacional.
«Eliminar los puntos de control en cascos urbanos es un paso formalmente positivo pero insuficiente si no existen mecanismos transparentes de fiscalización, depuración policial y castigo penal a los abusos de poder», enfatizó Provea en su análisis sobre la medida gubernamental.
Extorsión en las carreteras y el impacto en las comunidades indígenas de Zulia
Vulneración al libre tránsito y cobros ilegales
La documentación histórica de Provea demuestra que los puntos de control desvirtuaron su función de prevención vial para convertirse en focos de cobro ilegal y transgresión continua de los derechos ciudadanos. Estas prácticas vulneran directamente el derecho al libre tránsito contemplado en el artículo 50 de la Constitución Nacional, afectando de forma constante a productores del campo, campesinos, comunidades originarias y viajeros en las zonas fronterizas.
La ruta crítica entre Maracaibo y Paraguaipoa
Un caso representativo de este esquema opera en el estado Zulia, específicamente en el trayecto vial que conecta a Maracaibo con Paraguaipoa en el municipio Guajira, donde los ciudadanos deben atravesar al menos 12 puntos de control. En este tramo, comisiones de la GNB, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el CICPC imponen trabas y presiones que lesionan la integridad física, la economía y el acceso a la alimentación de las comunidades originarias Añú y Wayúu.
Con información de El Regional del Zulia
