Valencia, 27 de agosto de 2025-. Suspenden empleados que denunciaron impacto de recortes en respuesta a huracanes. Al menos 180 empleados actuales y antiguos de FEMA firmaron una carta enviada al Consejo de Revisión de la agencia y al Congreso.
La misiva advertía que los recortes de personal y programas reducían peligrosamente la capacidad de respuesta ante desastres graves.
De los firmantes, 35 lo hicieron con nombre propio y 141 de forma anónima por temor a represalias.
Este martes por la noche, al menos dos empleados recibieron notificaciones de suspensión indefinida de empleo y sueldo, según The Associated Press.
Las personas suspendidas deben presentarse cada mañana para confirmar su disponibilidad, aunque la notificación aclara que la medida “no es disciplinaria ni punitiva”.
Hasta el momento, FEMA no precisó cuántos empleados fueron afectados ni si la suspensión está directamente vinculada a la carta.
Suspenden empleados que denunciaron impacto de recortes en respuesta a huracanes
La carta contenía seis “declaraciones de oposición” sobre políticas recientes de FEMA.
Entre ellas, la exigencia de la secretaria del DHS, Kristi Noem, de aprobar contratos superiores a 100,000 dólares, limita la capacidad de FEMA, según los firmantes.
También cuestionaron la reasignación de empleados a ICE, la ausencia de un administrador cualificado y recortes en programas de mitigación, preparación y plantilla.
Daniel Llargues, portavoz de FEMA, afirmó que la administración busca “rendición de cuentas y reforma” para que los recursos lleguen a las comunidades.
“No es de extrañar que algunos burócratas opongan resistencia a la reforma; el cambio siempre es difícil”, señaló Llargues.
Situaciones similares se han registrado en otras agencias, como la EPA y los Institutos Nacionales de Salud, con suspensiones de alrededor de 140 empleados.
Impacto y perspectivas
Expertos advierten que estas tensiones internas podrían afectar la capacidad de FEMA para responder eficazmente a emergencias futuras.
La situación genera debate sobre el equilibrio entre reformas administrativas y protección del personal frente a represalias por expresar opiniones.
