Valencia, 31 de julio de 2025-. Minería ilegal de oro en Venezuela genera graves daños ambientales, sociales y humanitarios. La minería ilegal de oro en Venezuela ha crecido con rapidez en los últimos años, especialmente en Bolívar y Amazonas.
Así lo advierte el informe La maldición del oro: Minería y violencia en el sur de Venezuela, publicado por Crisis Group el 29 de julio.
Según la organización, grupos armados y guerrillas dominan vastos territorios donde operan minas ilegales, sin control real del Estado.
Aunque las fuerzas gubernamentales han intervenido algunas zonas, en muchos casos lo hacen para obtener parte de las ganancias.
“El aumento del precio del oro ha alimentado la codicia de criminales y élites corruptas”, destaca el informe.
También señala que el Estado ha permitido, directa o indirectamente, que estas actividades se expandan sin freno.
Minería ilegal de oro en Venezuela genera graves daños ambientales, sociales y humanitarios
La minería ilegal de oro en Venezuela ha traído consigo un aumento de la violencia contra poblaciones indígenas y trabajadores migrantes.
Se han reportado abusos sexuales, reclutamiento infantil y ejecuciones sumarias en zonas bajo control de grupos armados.
Además del impacto humano, los ecosistemas están sufriendo una destrucción acelerada, especialmente en áreas de la Amazonía venezolana.
La contaminación por mercurio, la deforestación y la destrucción de ríos son consecuencias directas de esta actividad ilegal.
Los pobladores locales, incluyendo comunidades indígenas, denuncian sentirse atrapados entre mineros, fuerzas militares y guerrillas.
El informe indica que muchos ven a los militares como depredadores que solo buscan beneficios económicos.
Llamado a una acción
Crisis Group plantea que la minería ilegal de oro en Venezuela solo podrá ser frenada con presión internacional coordinada.
Recomienda que gobiernos extranjeros aprovechen la reciente apertura diplomática de Caracas para exigir control ambiental real.
Además, insta a compradores en Asia y Oriente Medio a exigir oro libre de conflicto y rastreable.
Las exportaciones hacia Aruba y Curazao ya han sido limitadas, pero las rutas de tráfico se siguen adaptando.
“El daño es profundo, pero aún se puede frenar su avance si se exige transparencia en el comercio del oro”, concluye el informe.
