Colombia condena secuestro de 57 militares en Cauca. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, condenó el secuestro de 57 militares en el municipio El Tambo, departamento del Cauca. Según denunció, el hecho fue cometido por unos 200 habitantes, instrumentalizados por disidencias de las FARC.
“El crimen es responsabilidad de la estructura Carlos Patiño, del cartel de alias ‘Mordisco’”, declaró el funcionario en su cuenta de X. Señaló que el grupo armado operó de forma encubierta, utilizando ropa civil para infiltrar a la población y bloquear la presencia del Estado en el Cañón del Micay.
La retención incluye a 4 suboficiales y 53 soldados. Según el ministro, la acción viola el Derecho Internacional Humanitario al involucrar civiles como escudos humanos bajo amenazas de muerte.
Colombia condena secuestro de 57 militares en Cauca
El Ejército, acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Misión de Apoyo de la OEA (MAPP/OEA), intenta mediar por la liberación pacífica de los militares.
“Hay órdenes de captura en curso. No permitiremos que el crimen imponga su ley ni que el miedo frene la acción estatal”, enfatizó Sánchez. Además, pidió apoyo del pueblo colombiano y de la comunidad internacional para exigir la liberación inmediata.
Petro llama al diálogo con los campesinos
El presidente Gustavo Petro se pronunció e hizo un llamado directo a los campesinos involucrados, recordando que muchos participan bajo amenaza de los grupos ilegales.
“Liberen a los soldados, que son sus hijos. El diálogo está abierto para transitar hacia economías lícitas”, escribió en X.
Ejército actúa con cautela para evitar masacres
El brigadier Federico Mejía, comandante de la Tercera División, aseguró que las operaciones continúan, pero respetando a la población.
“Han perdido control territorial y por eso infiltran a las comunidades, bajo amenaza de muerte y desplazamiento”, explicó.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la estrategia militar. “Una reacción directa provocaría una masacre”, alertó.
La Defensoría advirtió que no existe justificación legal para privar de libertad a los militares. Insistió en evaluar caso por caso y reiteró su disposición a mediar en favor de la paz.
