Tribunal suspende temporalmente fallo sobre deportación de venezolanos. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente este martes un fallo que obligaba al gobierno de Trump a permitir a cientos de venezolanos deportados a El Salvador impugnar sus detenciones.
El juez federal James Boasberg había dictaminado el 4 de junio que la administración debía facilitar recursos legales. Como las peticiones de habeas corpus, a los migrantes deportados, aunque no ordenó su regreso a Estados Unidos.
Tribunal suspende temporalmente fallo sobre deportación de venezolanos
Los venezolanos fueron deportados en marzo luego de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la expulsión de presuntos miembros de la banda Tren de Aragua. Sin los procedimientos migratorios habituales.
El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, integrado por Gregory Katsas, Neomi Rao y Justin Walker —todos nombrados por Trump—, emitió una suspensión administrativa para ganar tiempo y estudiar la apelación presentada ese mismo día.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los migrantes en el caso, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente un fallo que obligaba al gobierno de Trump a permitir que cientos de venezolanos deportados a El Salvador pudieran impugnar sus detenciones. El juez federal James Boasberg había dictaminado que la administración debía facilitar recursos legales a los migrantes, aunque no ordenó que fueran regresados al país. Estos venezolanos fueron expulsados en marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Una norma de tiempos de guerra que permitió acelerar su deportación sin seguir los procedimientos migratorios habituales.
El panel que suspendió el fallo está compuesto por tres jueces nombrados por Trump. Quienes decidieron dar más tiempo para analizar la apelación presentada por el gobierno ese mismo día. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los migrantes, no se ha pronunciado aún sobre la suspensión. Este caso pone en evidencia las tensiones legales y políticas alrededor de las deportaciones rápidas. Y también el uso de leyes antiguas para justificar medidas migratorias excepcionales.
