Valencia, 27 de febrero de 2026-. Venezuela busca nuevo esquema laboral sostenible según Jorge Roig. El representante de la OIT indicó que la revisión del modelo laboral abre un espacio inédito para debatir reformas y consensos.
Venezuela busca nuevo esquema laboral sostenible según Jorge Roig
Roig señaló que la iniciativa oficial, denominada “constituyente laboral”, excluyó a centrales históricas como la CTV y la ASIC.
En contraste, la Central Bolivariana de Trabajadores, alineada con el Gobierno, asumió un rol protagónico en las discusiones sobre la estructura laboral.
El experto considera que el hecho de que el oficialismo dialogue sobre el nuevo sistema laboral representa un cambio relevante en la dinámica interna.
Además, destacó que el Ejecutivo ha comenzado a hablar de ingresos y no de salarios, reconociendo las limitaciones fiscales del Estado.
Actualmente, el Gobierno enfrenta una carga de aproximadamente tres millones de trabajadores públicos y cinco millones de pensionados y jubilados.
Según Roig, incluso un aumento de 10 dólares tendría un impacto financiero “impagable” para el Estado debido a obligaciones acumuladas.
Hacia un nuevo esquema laboral
El especialista planteó que el país debe considerar mecanismos alternativos para compensar los años sin aumentos salariales sin eliminar derechos adquiridos.
Entre las opciones mencionadas están las bonificaciones compensatorias, que permitirían reconocer periodos sin ajustes salariales como parte de un rediseño laboral integral.
Roig subrayó que cualquier reforma debe preservar prestaciones sociales y garantizar sostenibilidad para trabajadores, empresas y el propio Gobierno.
Además, resaltó que el contexto político y económico actual crea una ventana de oportunidad para lograr consensos que antes parecían imposibles.
El integrante de la OIT concluyó que un acuerdo laboral sostenible no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que también contribuiría a la estabilidad económica y social del país.
En este marco, la discusión sobre el sistema laboral podría definir los lineamientos de políticas de ingresos y compensaciones para los próximos años, combinando justicia social con viabilidad financiera.
