Un ataque terrorista con rampas explosivas contra un batallón del Ejército colombiano en el Cesar deja un soldado muerto y doce heridos. Un ataque con explosivos contra un batallón del Ejército colombiano en el municipio de La Jagua de Ibirico, ubicado en el departamento caribeño del Cesar al norte del país, cobró la vida de un militar y dejó a otros 12 uniformados heridos este domingo, según informaron fuentes castrenses.
En concreto, la institución castrense detalló mediante un comunicado oficial que grupos armados perpetraron esta acción terrorista empleando rampas adaptadas para lanzar dispositivos explosivos improvisados contra las instalaciones militares.
Identidad del soldado fallecido y firme respuesta de la cúpula militar
Al respecto, el Ejército confirmó la identidad de la víctima fatal y precisó la situación médica de los sobrevivientes: «Como consecuencia de esta acción criminal fue asesinado nuestro soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y 12 militares más resultaron heridos, quienes reciben atención médica en diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento» del Cesar.
Asimismo, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, lamentó profundamente la emboscada y aseguró que los criminales jamás lograrán doblegar a las fuerzas armadas.
De igual manera, el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, ratificó la ofensiva institucional para capturar a los autores materiales e intelectuales: «Su muerte nos duele, nos indigna y nos compromete aún más. No permitiremos que este crimen quede en la impunidad. Seguiremos trabajando para que los responsables sean llevados ante la justicia».
Preocupación de la Defensoría del Pueblo y antecedentes recientes con drones
Por otra parte, las autoridades recordaron que en esta jurisdicción del Cesar operan tanto la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia.
Entretando, la Defensoría del Pueblo rechazó lo ocurrido y advirtió con preocupación sobre «la utilización creciente de tecnologías y artefactos explosivos en el conflicto armado, por los riesgos que representan tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para las comunidades».
En ese sentido, el organismo defensor de derechos humanos exigió a los actores armados acatar las normas humanitarias vigentes: «Reiteramos que todas las partes en el conflicto están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
La protección de la vida, de las comunidades en los territorios debe ser una prioridad».
Finalmente, este atentado ocurre apenas dos semanas después de que el pasado 7 de noviembre otro ataque con drones cargados de explosivos golpeara una base militar en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, suceso que dejó un saldo trágico de tres militares muertos y 47 heridos.
Con información de EFE
