Túnez prolonga estado de emergencia hasta enero de 2026. El presidente tunecino, Kais Said, decidió prolongar el estado de emergencia en todo el país del 1 al 30 de enero de 2026.
La medida ha estado vigente de manera continua desde los atentados yihadistas de 2015, tras los cuales se declaró por primera vez.
Según el decreto presidencial, la prórroga otorga al Ministerio del Interior poderes excepcionales sin autorización judicial previa.
Entre estos poderes se incluyen la prohibición de reuniones, toques de queda y registros en comercios.
El estado de emergencia también permite controlar la prensa, las emisiones de radio y representaciones cinematográficas o teatrales.
Estas facultades han generado críticas locales e internacionales por considerarse una restricción de derechos humanos.
Protestas y demandas sociales
En las últimas semanas, se registraron varias protestas sectoriales y manifestaciones reclamando mayor libertad y derechos.
Los manifestantes han pedido la liberación de presos políticos y el cese de la persecución a opositores y militantes.
A pesar de los compromisos asumidos al llegar al poder en 2019, Said ha mantenido la medida.
El presidente, profesor de Derecho Constitucional, reconoció que la extensión era «anticonstitucional» y prometió limitarla exclusivamente a la lucha contra el terrorismo.
Origen del estado de emergencia
El estado de emergencia se declaró tras la explosión de un autobús de la Guardia Presidencial el 24 de noviembre de 2015.
El ataque, ocurrido en el centro de la capital tunecina, dejó 12 muertos y 16 heridos, entre civiles y agentes de seguridad.
Desde entonces, la medida se ha prorrogado ininterrumpidamente, ajustándose al contexto de seguridad nacional y a la amenaza terrorista.
Aunque la situación de riesgo ha disminuido, el gobierno considera necesario mantener esta herramienta para garantizar la seguridad pública.
Balance y contexto
El estado de emergencia refleja la tensión entre seguridad y libertades en Túnez.
Mientras las autoridades priorizan la prevención de atentados, sectores sociales exigen más participación y derechos civiles.
Con la prórroga vigente hasta el 30 de enero de 2026, se espera que las instituciones de seguridad mantengan vigilancia constante.
El país magrebí se enfrenta al desafío de equilibrar protección ciudadana y respeto a los derechos humanos en un contexto político delicado.
