TSJ prohíbe pagar en bolívares deudas pactadas exclusivamente en divisas tras anular el fallo de un tribunal que avaló una transferencia en moneda nacional. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que cuando las partes acuerdan de mutuo acuerdo que una deuda se liquidará única y exclusivamente en divisas, el deudor carece de facultades legales para extinguir la obligación de forma unilateral mediante transferencias en bolívares este martes 10 de noviembre de 2026.
El pronunciamiento del máximo juzgado del país aclara de manera contundente las reglas de juego para el cumplimiento forzoso de acreencias dinerarias en un entorno de multimoneda, protegiendo la voluntad contractual pactada entre particulares.
La sentencia 501 y la anulación del pago irregular de 60.000 dólares
Al sustentar su decisión en el expediente correspondiente a un juicio de intimación de honorarios profesionales, los magistrados publicaron la sentencia número 501 fechada el 22 de octubre de 2026, mediante la cual casaron sin reenvío la resolución de una corte previa.
En tal sentido, las partes en conflicto habían suscrito oportunamente una transacción debidamente homologada donde establecieron con total precisión el pago de 60.000 dólares estadounidenses únicamente en esa denominación foránea.
A este respecto, los tribunales de instancia inferior cometieron un error de juzgamiento al dar por saldada la obligación mediante una transferencia bancaria en bolívares que cubría un equivalente a 55.000 dólares, ignorando por completo la negativa inmediata que formuló el demandante.
Aunado a esto, los magistrados determinaron que la entrega de moneda local en esas condiciones carece totalmente de efecto liberatorio, por lo cual ordenaron revertir la operación monetaria, aplicar los cálculos de indexación inflacionaria pertinentes y compeler al obligado a honrar el remanente estrictamente en moneda extranjera.
Dicha resolución judicial salvaguarda el principio de seguridad jurídica en el tráfico mercantil, impidiendo que decisiones arbitrales o interpretaciones erróneas de jueces inferiores desnaturalicen los términos exactos de las negociaciones de las partes.
Asimismo, la máxima instancia jurisdiccional recalcó que las partes deben respetar a cabalidad los acuerdos que adquieren ante la ley, cerrando el paso a imposiciones unilaterales que perjudiquen el patrimonio financiero del prestador del servicio.
El marco legal del Banco Central y el principio de cosa juzgada
La distinción técnica entre moneda de cuenta y moneda de pago efectivo
Por otra parte, la ponencia judicial analizó con minuciosidad el régimen monetario venezolano y aplicó con rigor la convención especial contemplada en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela.
Los magistrados razonaron que cuando las cláusulas exigen expresamente el desembolso en una moneda específica, la divisa foránea abandona su condición de simple referencia de valor, o moneda de cuenta, y asume el rango de moneda de pago efectivo.
En consecuencia, el máximo tribunal señaló que la sentencia invalidada quebrantó el deber cardinal de cumplir las obligaciones exactamente como los contrayentes las pactaron, mandato tutelado de forma taxativa en el artículo 1.264 del Código Civil venezolano.
Dicha falta técnica vulneró igualmente la autoridad de la cosa juzgada dimanante de la transacción judicialmente homologada, principio procesal de orden público consagrado en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.
De igual manera, los juristas concluyeron que ningún administrador de justicia puede convalidar pagos que despojen al acreedor de la especie monetaria que estipuló de forma clara y libre al contraer el negocio.
La ratificación de la doctrina de 2021 y la seguridad contractual
Por añadidura, la Sala de Casación Civil del tribunal consolidó una línea jurisprudencial uniforme al ratificar el criterio vinculante plasmado con anterioridad en su sentencia número 106 del 29 de abril de 2021.
El dictamen fortalece la certidumbre en las operaciones comerciales cotidianas y en las contrataciones de servicios profesionales, garantizando que los pactos suscritos en dólares gocen de amparo absoluto frente a cualquier intento de conversión inconsulta a bolívares.
En tal contexto, los asesores jurídicos de empresas y particulares saludan la firmeza de la sentencia, la cual despeja dudas sobre la ejecución de pagarés, transacciones y títulos que especifican montos en moneda extranjera.
Por otro lado, los deudores asumen ahora con mayor claridad el riesgo financiero de contraer obligaciones en divisas, conscientes de que los tribunales exigirán la entrega material de los billetes o transferencias pactadas en esa moneda.
Con información de Alertas 24
