Trump acude a la Corte Suprema para reactivar las deportaciones exprés a terceros países mientras crecen las denuncias por torturas. En medio de una intensa ofensiva judicial para acelerar su política de control fronterizo, el Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este jueves 24 de septiembre de 2026 a la Corte Suprema que vuelva a autorizar la ejecución de las deportaciones rápidas de migrantes hacia terceros países con los que estas personas no guardan ningún tipo de vínculo.
La administración republicana recurrió a la máxima instancia judicial estadounidense luego de que diversos tribunales inferiores dictaminaran que las autoridades deben otorgar a cada ciudadano la oportunidad procesal de objetar su traslado forzoso antes de sacarlo del país rumbo a destinos distintos a su lugar de origen.
Batalla judicial en Boston y la exigencia del debido proceso
La pugna legal escaló después de que un tribunal de apelaciones ratificara la sentencia definitiva emitida por un juez federal en la ciudad de Boston.
El fallo judicial estableció que los extranjeros indocumentados deben contar con una posibilidad real y efectiva para argumentar si el envío hacia un tercer Estado los coloca ante peligros inminentes de persecución política o tortura.
En tal sentido, aunque la resolución jurídica no prohibió de manera taxativa estas expulsiones triangulares, sí alargó considerablemente los plazos administrativos de revisión.
Asimismo, los abogados de la Casa Blanca argumentaron ante los jueces que esta exigencia procesal provocó la cancelación obligada de al menos un vuelo de deportación programado.
Aunado a esto, los voceros gubernamentales alegaron que recurren al envío de personas hacia naciones alternativas únicamente cuando enfrentan trabas logísticas para devolverlas de forma expedita a sus países de nacimiento.
Los defensores del Gobierno sostuvieron además que los Estados receptores suscriben garantías formales donde aseguran que las fuerzas locales no perseguirán ni someterán a tormentos a los trasladados.
Acuerdos internacionales y denuncias de agresiones físicas
Traslados a África y Centroamérica
Por otra parte, la actual gestión estadounidense expulsó a miles de personas bajo el amparo de convenios bilaterales pactados con casi dos docenas de gobiernos extranjeros, entre los que figuran Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Panamá.
En consecuencia, las organizaciones civiles vigilan con inquietud el destino y las garantías de los expulsados en estas regiones.
Testimonios de violencia en centros de reclusión
De igual manera, este litigio coincide con graves señalamientos legales sobre el trato que reciben los migrantes en los destinos pactados:
Durante el transcurso de este mes, defensores legales de dos hombres enviados a Guinea Ecuatorial denunciaron que efectivos policiales golpearon y encañonaron a sus defendidos dentro de las instalaciones de un hotel que las autoridades acondicionaron como recinto de detención.
Los juristas revelaron que los uniformados cubrieron las cabezas de las víctimas con bolsas mientras proferían amenazas directas con armas de fuego.
Por añadidura, el pleito jurídico se desenvuelve dentro del plan de choque migratorio impulsado por la administración de Donald Trump, cuyo liderazgo prometió la expulsión de millones de personas en situación irregular del territorio estadounidense.
Con información de Noticias Telemundo
