Valencia, 20 de marzo de 2026-. Tribunal de Perú condenó a exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional por el asesinato de un periodista. La condena a Vladimiro Montesinos corresponde al homicidio de la periodista Melissa Alfaro, ocurrido en 1991 durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Tribunal de Perú condenó a exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional por el asesinato de un periodista
La Tercera Sala Penal Superior Nacional emitió el fallo por unanimidad. El Poder Judicial informó la decisión a través de un comunicado publicado en la red social X.
Melissa Alfaro trabajaba en el semanario Cambio, un medio crítico del gobierno de la época. El 10 de octubre de 1991 recibió una carta bomba que explotó al abrirla, causándole la muerte.
Investigaciones posteriores determinaron que el ataque formó parte de operaciones encubiertas. Estas acciones buscaban silenciar voces opositoras y fueron dirigidas por altos funcionarios del Estado.
La condena a Vladimiro Montesinos confirma su responsabilidad en la planificación del atentado. El exasesor fue considerado una de las figuras más influyentes del aparato político fujimorista.
Responsabilidad del Estado y antecedentes judiciales
El informe judicial señala que el asesinato estuvo vinculado a estructuras estatales. Estas unidades operaban bajo órdenes directas del entonces presidente Fujimori y de Montesinos.
El exasesor cumple actualmente una pena de 25 años por violaciones a los derechos humanos. A ello se suman múltiples condenas por corrupción, tráfico de armas y otros delitos.
La condena a Vladimiro Montesinos por el caso Alfaro se añade a su historial judicial. El tribunal determinó que existían pruebas suficientes para establecer su participación.
Reacciones y contexto histórico
El caso Alfaro es uno de los episodios más emblemáticos de violencia contra la prensa en Perú. Organizaciones de derechos humanos han seguido el proceso durante décadas.
El fallo representa un avance en la búsqueda de justicia para la familia de la periodista. También reafirma la responsabilidad del Estado en crímenes cometidos durante los años noventa.
