Valencia, 15 de mayo de 2026-. Trato a migrantes crea divisiones en el gobierno de Kast en Chile. La ministra de Salud chilena, May Chomali, marcó distancia este viernes con la iniciativa impulsada por el propio Ejecutivo.
El proyecto busca obligar a hospitales y colegios a entregar información confidencial de los extranjeros en situación irregular. El objetivo del gobierno es facilitar la localización y posterior expulsión administrativa de estas personas del territorio nacional.
Sin embargo, la titular de la cartera sanitaria reconoció su profunda preocupación ante esta polémica medida de control. Chomali aclaró que el Ministerio de Salud no posee las facultades legales para difundir este tipo de antecedentes privados.
Trato a migrantes crea divisiones en el gobierno de Kast en Chile
El rechazo a propuesta sobre datos de migrantes se fundamenta en la legislación vigente y en los derechos humanos. La ministra recordó que los pacientes entregan sus datos exclusivamente en el contexto de una atención médica profesional.
Este espacio está plenamente resguardado por el código sanitario y por la ley de deberes de las personas. Restringir el acceso a la salud arriesga la vida del paciente y genera un peligro para toda la población.
«Un niño migrante no vacunado representa un riesgo de muerte para sí mismo y de contagio para otros», advirtió. Por ello, los centros de salud deben seguir siendo lugares seguros para cualquier habitante, independientemente de su estatus.
El plan del Ejecutivo y la realidad
La polémica surge bajo el mandato del presidente José Antonio Kast, quien promueve un control estricto de las fronteras. El gobierno exige conocer con precisión quiénes utilizan los servicios públicos para ordenar las prestaciones del Estado social.
Actualmente, viven en Chile más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas. La mayoría de los ciudadanos censados en esta condición provienen de Venezuela.
El fuerte rechazo a propuesta sobre datos de migrantes coincide con las dificultades operativas para ejecutar las expulsiones. El Estado chileno mantiene actualmente más de 75.000 órdenes de deportación pendientes que no ha podido tramitar con éxito.
Fronteras y relaciones diplomáticas complejas
La estrategia oficial incluía la construcción de una zanja en el norte y el aumento de vuelos de deportación. No obstante, Caracas rompió relaciones diplomáticas con Santiago, lo que imposibilita los trámites consulares requeridos para el retorno.
Ante el complejo panorama, las autoridades debieron moderar el discurso respecto a las expulsiones masivas e inmediatas. El mandatario chileno admitió recientemente que la promesa de deportar a toda la población irregular era una declaración exagerada.
