Valencia, 4 de noviembre de 2026-. Trasladaron al penal de Puente Ayala a los sacerdotes acusados de abuso sexual a menores.
El traslado de los sacerdotes procesados en Anzoátegui al Centro Agroproductivo José Antonio Anzoátegui fue ejecutado tras ratificárseles la medida preventiva de privación de libertad. La decisión fue dictada por el Tribunal Cuarto de Control del estado Anzoátegui mientras avanza el proceso penal en su contra.
Los clérigos procesados son Carlos Eduardo Quintero y Ramón Acosta, pertenecientes al Ordinariato Militar y con labores en la Diócesis de Barcelona. La información sobre la privativa judicial y el sitio de reclusión fue confirmada por fuentes vinculadas al caso.
Trasladaron al penal de Puente Ayala a los sacerdotes acusados de abuso sexual a menores
En el marco de la causa contra los sacerdotes procesados en Anzoátegui, la Fiscalía les imputa formalmente los delitos de abuso sexual agravado y continuado. La acusación establece que las acciones se habrían cometido en perjuicio de cuatro adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 16 años.
Las víctimas se desempeñaban como monaguillos y formaban parte del coro parroquial de la entidad. Las aprehensiones de los dos religiosos se concretaron la noche del pasado lunes 26 de octubre mediante procedimientos independientes ejecutados por efectivos policiales.
Tras celebrarse la audiencia de presentación, el juzgado dictaminó la permanencia de los imputados en el complejo penitenciario adyacente al antiguo penal de Puente Ayala en Barcelona. Las averiguaciones continúan para determinar el alcance de las denuncias formuladas.
Reserva total sobre las actas del expediente
Como medida complementaria en el juicio contra los sacerdotes procesados en Anzoátegui, el tribunal de la causa ordenó un blindaje total sobre las actas que integran el expediente penal. La disposición judicial impone una prohibición expresa de ofrecer declaraciones públicas a los medios de comunicación.
La restricción rige por igual para el Ministerio Público, la defensa técnica y los familiares de los implicados. La medida busca resguardar la identidad e integridad física y psicológica de los cuatro adolescentes involucrados, así como evitar interferencias en el curso de las investigaciones.
