La declaración de Samark López ante el tribunal terminó convertida en una denuncia frontal contra todo el proceso que lo mantiene preso desde 2024. Aseguró que se trata de un caso políticamente motivado, construido sin pruebas, y que hasta hoy no se ha presentado un solo elemento probatorio que demuestre las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y repetidas por Nicolás Maduro en cadena nacional.
Un juicio sin evidencias y con un expediente vacío
López afirmó que los dos únicos elementos incluidos en el expediente son dos operaciones que no guardan relación alguna con las acusaciones grandilocuentes que le atribuyó el fiscal general. Subrayó que no se le vinculó con ningún monto específico, que no existe demostración de beneficio personal, y que no hay experticia financiera, auditoría, estados de cuenta ni recibos de pago que lo relacionen con una supuesta trama de criptodivisas.
Según su versión, jamás ha recibido pagos bancarios ni bonos, y que en cuatro años solo percibió 15 millones de dólares por obras ejecutadas para PDVSA, una fracción mínima de la deuda que —asegura— el Estado mantiene con él.
También insistió en que no tiene relación alguna con Bancamiga, que no consta en el expediente ningún vínculo con esa entidad, y que no le fueron confiscados activos financieros, dinero en efectivo, cuentas, instrumentos bancarios ni criptomonedas, porque —dijo— nunca ha usado criptoactivos ni wallets.
Aseguró que todo el caso se originó en lo que llamó “vigilancia cibernética”, es decir, publicaciones de redes sociales, y que la acusación descansa en comentarios o conversaciones extraídas de su teléfono, sin sustento técnico ni financiero.
Presiones, torturas y un intento de incriminar a terceros
Uno de los señalamientos más graves fue su afirmación de que Tarek William Saab intentó obligarlo a declarar que Diosdado Cabello encabezaba una conspiración contra Maduro y que él formaba parte de ella.
Según López, el fiscal le ofreció un trato: si aceptaba cooperar, paraban las torturas, lo enviaban a su casa en 24 horas, dejaban en paz a su esposa y le devolvían la vivienda a sus hijos.
Relató que Saab lo visitó varias veces en reclusión, lo golpeó en el pecho, le mostró videos de su casa vacía y de las camas de sus hijos, y lo presionó para incriminar a otras figuras políticas. Dijo que lo llamaron “traidor” y que le construyeron una narrativa sobre una supuesta conspiración con Tareck El Aissami y Cabello, sin que nunca se precisaran modo, tiempo ni lugar de los hechos.
La presión sobre su esposa y su familia
López denunció que su esposa fue citada durante 14 días consecutivos al DGCIM, desde las 7:00 am hasta las 10:00 pm, para ser interrogada. Aseguró que a él le enviaban videos de esos interrogatorios para hacerle creer que ella también estaba detenida. Dijo que en una ocasión la amenazaron con un arma de fuego para obligarla a abrir una caja fuerte.
Afirmó que el día de su detención, su hija mayor, de 12 años, permaneció sola durante 10 horas en la vivienda, custodiada por hombres armados y encapuchados. También denunció el saqueo de su casa, oficina, vehículos, documentos, equipos y una finca de búfalos, y que una de sus propiedades hoy funciona como posada de un tercero.
Una audiencia marcada por denuncias de vulneración de derechos
La audiencia del 22 de mayo de 2026 comenzó con varias incidencias planteadas por la defensa. Uno de los abogados denunció el despojo de la vivienda de una niña de dos años, mostró fotos de una cuna vacía y pidió investigar el vaciamiento del hogar. Otra representación legal advirtió sobre el desacato del Senamecf, la falta de copias certificadas del expediente y el riesgo para la vida de su defendido. La presencia de la esposa de López reforzó el tono humano de la jornada.
Un traslado irregular y un juicio sin garantías
López relató que el 19 de abril de 2026 los reclusos fueron avisados de noche, obligados a asearse y separados del resto. Al día siguiente fueron encapuchados, esposados y trasladados en autobús a la sede judicial. Dijo que no sabía que ese día comenzaría el juicio, que su defensa no fue notificada, y que se enteró al ver las insignias del TSJ tras subir unos 130 escalones.
Aseguró que el proceso arrancó sin garantías mínimas, con una exposición pública que ya había sido televisada.
Su trayectoria previa y la deuda del Estado
López insistió en que su vínculo con la industria petrolera es previo a cualquier acusación. Dijo ser economista de la UCV, haber trabajado en la Oficina Central de Información, en la reforma constitucional de 1999, en la Gobernación de Mérida y luego en proyectos privados y petroleros. Afirmó que desde 2009 ejecutó obras con PDVSA, instaló kilómetros de tuberías, generó miles de empleos y que el Estado mantiene con él una deuda millonaria por trabajos entregados.
Aseguró que en 2023 produjo 84 millones de barriles de petróleo y que parte de la deuda fue renegociada en 2022 sin que se le pagara lo correspondiente.
Conclusión: un proceso sin sustento técnico
Al cerrar su declaración, López reiteró que no existe una pericia financiera seria que lo vincule con legitimación de capitales. Dijo que la acusación no demuestra qué dinero habría legitimado, que el expediente es una “arqueología de redes sociales”, y que el caso carece de sustento técnico, documental y probatorio. Pidió libertad inmediata, nulidad absoluta del proceso y respeto pleno a su derecho a la defensa.
Con información de nota de prensa
