El exaspirante presidencial izquierdista, Roberto Sánchez, calificó este domingo como ilegítima la victoria electoral de la candidata derechista Keiko Fujimori.
El líder del partido Juntos por el Perú rechazó los resultados oficiales tras completarse la segunda vuelta de las elecciones en Perú.
El dirigente político anunció la creación inmediata de un frente patriótico nacional para recuperar las instituciones democráticas del país andino. Asimismo, el portavoz opositor convocó a sus bases partidistas a iniciar una movilización pacífica permanente en las principales provincias del territorio nacional.
Resultados regionales y demandas de la oposición izquierdista
El político convocó a una rueda de prensa en la sede central de su organización para evaluar el panorama institucional postelectoral.
Al respecto, Sánchez destacó que su propuesta venció a Fujimori en 16 de las 24 regiones del país con el 50,08 % de los votos. Por consiguiente, el declarante agradeció el respaldo explícito de los más de 9 millones de ciudadanos peruanos que apoyaron su plataforma electoral. De este modo, el dirigente justificó su representatividad popular para exigir transformaciones éticas profundas en la conducción de las políticas públicas del Estado.
El excandidato izquierdista presentó un conjunto de exigencias irrenunciables dirigidas directamente a la ganadora de la contienda. Efectivamente, Sánchez demandó la creación de una comisión independiente para investigar las 50 muertes ocurridas en las protestas de 2022 y 2023.
Por esa razón, el vocero busca identificar y sancionar penalmente a las autoridades políticas que ordenaron el uso desproporcionado de las fuerzas policiales. En consecuencia, el partido opositor descartó cualquier posibilidad de diálogo institucional con el nuevo Ejecutivo mientras no atiendan estas solicitudes humanitarias.
Impugnación legal y denuncias sobre el voto en el exterior
La coalición de izquierda formalizó la impugnación de los cómputos oficiales debido a presuntas irregularidades en el procesamiento de las actas de votación. Además, Sánchez afirmó que el sistema electoral peruano modificó arbitrariamente los procedimientos de conteo para los sufragios emitidos en el extranjero pocos días antes.
La alianza política acudió directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la aprobación de una medida cautelar. De este modo, los abogados opositores esperan que el organismo internacional exija una auditoría externa para transparentar la trazabilidad del proceso.
Por otro lado, el dirigente político acusó al Congreso de la República de legislar a favor de las estructuras de la delincuencia organizada. En consecuencia, el representante de Juntos por el Perú exigió la derogación inmediata de las normativas aprobadas conocidas popularmente como «leyes procrimen». Específicamente, el vocero izquierdista argumentó que la legislación vigente debilita los controles judiciales y aumenta la impunidad en las zonas mineras del sur. Por esa causa, la plataforma popular mantendrá la presión en las calles para exigir también la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Denuncias de injerencia diplomática de Estados Unidos
El político izquierdista también cuestionó duramente el comportamiento público del embajador norteamericano acreditado en la ciudad de Lima, Bernie Navarro. Sin embargo, el declarante no ofreció mayores detalles técnicos o pruebas documentales específicas sobre los mecanismos financieros de la supuesta colaboración extranjera.
Sánchez criticó que el diplomático estadounidense emitiera comentarios públicos recurrentes respecto a los asuntos políticos internos de la soberanía peruana. Finalmente, el líder opositor reiteró que su proyecto democratizador vigilará de cerca cada acción del nuevo Gobierno en las elecciones en Perú.
Con información de EFE
