Reconstrucción salarial en Venezuela, un desafío estratégico. Luego de años de políticas de “bonificación” que erosionaron las prestaciones sociales y dejaron el salario mínimo en cifras simbólicas, Venezuela enfrenta el reto de recuperar el poder adquisitivo de sus trabajadores en un contexto de alta inflación y dolarización de facto. En el debate económico, las propuestas oscilan entre una dolarización formal y el retorno a una moneda nacional respaldada institucionalmente, pero todos los especialistas coinciden en que cualquier aumento real requiere medidas estructurales, incluyendo la eliminación de la emisión monetaria sin respaldo y la reactivación de la industria petrolera.
El proceso técnico es complejo: implica desmontar subsidios y controles distorsionantes para permitir que una Comisión Tripartita —integrada por Estado, empresarios y sindicatos— pueda sincerar las escalas salariales sin provocar una espiral inflacionaria que anule los incrementos antes de llegar al bolsillo del trabajador. Más allá de las cifras, la reforma salarial se concibe como un contrato social que busca dignificar a los empleados públicos y pensionados que sobreviven al borde de la pobreza extrema.
Reconstrucción salarial en Venezuela, un desafío estratégico
Jorge Roig Navarro, empresario, expresidente de Fedecámaras y representante empresarial ante la OIT, advierte que es prematuro esperar un crecimiento económico real en 2026 si no se mejora primero el ingreso real de los trabajadores. Roig critica la Ley del Trabajo vigente, heredada de la era de Hugo Chávez, que califica de anacrónica y que, según él, perjudica tanto al empleador como al trabajador y al propio gobierno. La suspensión de las mesas de diálogo social —hasta ahora positivas según el empresario— ha impedido avanzar en consensos clave sobre salarios.
El gobierno, por su parte, no puede asumir aumentos significativos sin afectar las prestaciones sociales. Ante esto, Fedecámaras propuso una Ley de Emergencia Laboral que permita a los empleadores privados pagar salarios más altos sin impacto directo sobre los beneficios sociales. Los trabajadores, representados por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y ASI Venezuela, plantean diferentes esquemas para aumentar el ingreso, incluyendo la imputación parcial del salario a las prestaciones, como una alternativa viable ante la incapacidad del Estado de costear incrementos extremos.
Leida Marcela León, presidenta de ASI Venezuela y miembro del Consejo de Administración de la OIT, subraya que el desafío es macroeconómico. En diciembre pasado se evidenció un alza generalizada de precios y un salario mínimo que no llega a un dólar, mientras que el país cerró 2025 con inflación de tres dígitos y un PIB reducido. El diálogo social, si se reactiva en febrero, será clave para avanzar hacia un método de consulta salarial que involucre a sindicatos, empresarios y gobierno, y que permita diseñar estrategias concretas para mejorar los ingresos de los trabajadores.
La reconstrucción del salario no será resultado de un decreto ni del cambio de mando, sino un proceso complejo que reflejará la capacidad del país de reorganizar su economía y sus instituciones. Para Venezuela, el éxito no se medirá solo en indicadores macroeconómicos, sino en la recuperación de la normalidad en los hogares y en la transformación del trabajo en un motor de progreso y dignidad que permita a la población volver a soñar con un futuro de prosperidad real.
Con información de Banca y Negocios
