Valencia, 10 de septiembre de 2026-. «Reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel»: Cuba registró un nuevo récord de presos políticos al ubicar la cifra en 1.339 según informe.
El balance representa un aumento neto de 12 personas respecto a julio, de acuerdo con el informe mensual de la organización.
Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la lista incorporó 281 nuevos presos políticos.
Esta cifra constituye el mayor número de nuevos casos registrado por Prisoners Defenders durante los últimos tres años.
La organización contabilizó un promedio superior a 23 nuevos casos cada mes durante ese período.
Mujeres y menores entre los detenidos
Del total de personas registradas, 155 son mujeres, lo que representa un récord absoluto en décadas para la organización.
La lista también incluye a 38 personas que fueron detenidas cuando eran menores de edad.
De ese grupo, 14 permanecen actualmente encarceladas, según el informe divulgado por Prisoners Defenders.
La organización contabiliza 2.167 presos políticos en las cárceles cubanas desde julio de 2021 hasta finales de agosto de 2026.
De ese total, 2.020 personas ingresaron a prisión durante ese período.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, denunció que las consecuencias también alcanzan a los familiares.
“Reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel”, afirmó Larrondo en declaraciones a Infobae.
Denuncian consecuencias para las familias
El informe sostiene que las medidas contra los detenidos también afectan a madres, padres, hijos y comunidades.
Según la organización, estas situaciones incluyen encarcelamientos, amenazas, sanciones económicas, vigilancia y separación familiar.
Entre los casos mencionados aparece Doraikis Delgado González, detenida el 7 de julio.
La mujer había transmitido una protesta en Alamar, La Habana, relacionada con los apagones registrados en la zona.
Permanece en prisión provisional en la Prisión de Mujeres de Occidente, en El Guatao.
Según Prisoners Defenders, está acusada de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”.
La organización también señaló que padece hemofilia y necesita atención médica especializada.
Doraikis es madre de dos niños de siete y ocho años, quienes quedaron al cuidado de vecinos mientras su padre trabaja.
Otro caso documentado corresponde a Sady Reynaldo Companioni, madre de una niña de seis años.
Fue detenida el 28 de agosto tras denunciar durante más de dos semanas la falta de agua en su vivienda.
Prisoners Defenders informó que fue excarcelada el 2 de septiembre, aunque debe presentarse diariamente ante una unidad policial.
Organización alerta sobre problemas de salud
El informe registra 463 presos con patologías médicas graves entre las personas encarceladas.
La organización relaciona estos problemas con las condiciones de alimentación, los malos tratos y la falta de atención médica.
También identificó 54 presos de conciencia con trastornos graves de salud mental y sin tratamiento adecuado.
Entre los casos citados está Christian de Jesús Crespo Álvarez, un preso de conciencia de 16 años.
Fue detenido durante las protestas de marzo en Morón contra los apagones y permanece en prisión provisional.
Según la organización, en junio se confirmó que contrajo hepatitis dentro de la prisión.
Prisoners Defenders denunció que las autoridades no lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada.
La familia también denunció que posteriormente fue trasladado a una zona donde permanece junto a presos adultos considerados peligrosos.
Denuncian agresiones y condenas
Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años de prisión por las protestas del 11 de julio de 2021, fue otro de los casos destacados.
Según su familia, fue esposado y golpeado el 26 de agosto en la Prisión de Trabajo Forzoso La Lima.
La denuncia sostiene que el jefe del centro penitenciario, identificado como Teniente Coronel Parada, lo golpeó.
La organización afirmó que Serrano presentó inflamaciones en el cuerpo y un ojo morado tras la agresión.
También denunció que le negaron un examen médico después del incidente.
Prisoners Defenders recordó que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria calificó su privación de libertad como arbitraria.
El organismo internacional había exigido su liberación inmediata, según el informe.
Otro caso corresponde a Carlos Alberto McDonald Ennis, condenado a siete años de prisión el 1 de septiembre.
Durante su encarcelamiento desarrolló un cáncer maligno en la región maxilofacial.
Según Prisoners Defenders, las autoridades le negaron atención médica, medicamentos y acceso a resultados de pruebas.
Necesita 35 sesiones de radioterapia y solo ha completado cuatro, de acuerdo con la información difundida.
La condena se relaciona con una supuesta vinculación con Cuba Primero, algo que McDonald Ennis y esa organización niegan.
Más de 800 convictos de conciencia
Según la metodología de Prisoners Defenders, los 1.339 casos verificados se distribuyen en tres categorías.
El grupo más numeroso corresponde a 807 convictos de conciencia.
Otros 495 están clasificados como condenados de conciencia y 37 corresponden a otros presos políticos.
La organización señaló que los casos incluidos en el informe representan situaciones que, según sus registros, también afectan a otros cientos de personas.
Larrondo pidió atención para los detenidos y sus familiares ante las condiciones descritas en el informe.
