Valencia, 29 de octubre de 2026-. Provea afirmó que la prohibición de detener personas sin orden judicial anunciada por Delcy Rodríguez evidencia una «arbitrariedad» que se ha normalizado.
En un mensaje publicado este jueves en su cuenta de X, la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos cuestionó que las autoridades deban recordar a los cuerpos de seguridad una garantía judicial básica.
«Que las autoridades interinas tengan que recordar a los cuerpos de seguridad que no pueden detener sin orden judicial es una prueba de la arbitrariedad normalizada por años en Venezuela», señaló Provea.
La ONG reconoció que el pronunciamiento de Rodríguez representa un avance, pero advirtió que la instrucción debe acompañarse de medidas concretas para garantizar los derechos de las personas detenidas.
Provea exige investigar las detenciones arbitrarias
Provea sostuvo que la orden de la presidenta encargada «es un paso, pero no basta». Por ello, pidió investigar a los funcionarios que hayan ejecutado detenciones arbitrarias y liberar a quienes continúen privados de libertad sin las garantías correspondientes.
La organización también reclamó desmontar el marco legal que, según denunció, se ha utilizado para perseguir a la disidencia. Asimismo, insistió en la importancia de documentar los casos en los que se vulneren derechos fundamentales.
«Debemos vigilar y documentar cada detención que viole la libertad y la integridad personal», expresó la ONG.
Este jueves, Rodríguez instruyó a los cuerpos de seguridad para que «ninguna persona sea detenida» sin una orden judicial. La declaración se produjo en un contexto de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre procedimientos policiales y detenciones en Venezuela.
Las denuncias aumentaron tras las elecciones de 2024
Durante años, distintas organizaciones no gubernamentales han denunciado la práctica de detener personas sin orden judicial en el país. Según la información difundida, las denuncias se intensificaron después de las elecciones presidenciales de 2024.
En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro, mientras que la oposición calificó el resultado como fraudulento.
En ese contexto, más de 2.400 personas fueron arrestadas, según cifras de la Fiscalía. La información señala que la mayoría o la totalidad de los detenidos ha sido liberada, sin precisar un balance actualizado que permita establecer la situación de cada caso.
Varias ONG y partidos opositores cuestionaron esos arrestos y los calificaron de arbitrarios. Entre sus denuncias, señalaron que algunos procedimientos se habrían realizado sin orden judicial y con otras irregularidades.
Ante este escenario, Provea insistió en que la instrucción anunciada por Rodríguez debe traducirse en garantías efectivas, investigaciones y medidas para evitar nuevas vulneraciones de derechos. La organización reiteró que documentar cada detención es fundamental para vigilar el respeto a la libertad y la integridad personal.
