Primero Justicia pide nuevas elecciones para cargos regionales y legislativos. El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) aseguró este lunes que son necesarias nuevas elecciones para renovar los cargos de la Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías y concejos municipales, como parte del proceso de transición que, según la organización, comenzó el pasado 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
La formación política no mencionó la posibilidad de celebrar comicios presidenciales y se limitó a ratificar lo que considera la “victoria” del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio de 2024, cuyos resultados oficiales proclamaron a Maduro como ganador en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.
Primero Justicia pide nuevas elecciones para cargos regionales y legislativos
Durante una conferencia de prensa virtual, la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, afirmó que los cargos regionales, legislativos y municipales “ameritan y requieren legitimidad”, lo que solo puede lograrse mediante elecciones organizadas por un nuevo organismo comicial, al considerar que el actual se encuentra bajo control del chavismo.
Martínez recordó que estos cargos fueron renovados el año pasado en procesos electorales en los que no participó el principal bloque opositor, al desconocer las condiciones y garantías del sistema electoral.
A su juicio, Venezuela no puede avanzar hacia una transición democrática sin que se exprese y se respete la voluntad popular. En ese contexto, manifestó el rechazo de Primero Justicia a quienes, dijo, “detentan el poder de forma circunstancial”, en referencia al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.
La dirigente señaló que un primer paso para la reconstrucción democrática debe ser la liberación “absoluta e incondicional” de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura y el desmantelamiento de las estructuras represivas, tanto policiales como parapoliciales.
Asimismo, calificó como “imperiosa” la destitución del fiscal general Tarek William Saab, a quien responsabilizó por violaciones de derechos humanos. También exigió el retorno de los exiliados, el cese de la persecución política y garantías plenas para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
