Primero Justicia exige priorizar la estabilización eléctrica sobre el gasto navideño en medio de apagones que golpean al 87,6 % de los hogares. El partido opositor Primero Justicia (PJ) instó a las autoridades venezolanas a priorizar la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por encima del gasto público destinado a las festividades decembrinas, rechazando además tanto la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico como el esquema de cobro indexado al euro.
Patricia Cueva, presidenta adjunta regional de la organización política en el estado Zulia, denunció que numerosas comunidades soportan interrupciones prolongadas del servicio mientras gobernaciones y alcaldías ejecutan cuantiosos presupuestos para encender alumbrados navideños.
Cifras de Meganálisis y exigencia de cronogramas oficiales de racionamiento
Al respecto, la dirigente sustentó su reclamo citando un estudio de la firma encuestadora Meganálisis realizado entre octubre y principios de noviembre de 2026, medición donde el 87,6 % de los hogares consultados reportó fallas eléctricas durante cuatro o más días por semana.
Asimismo, Cueva cuestionó con dureza el contraste entre las celebraciones oficiales y la crisis energética cotidiana: «Las luces de la tarima no llegan a las casas. Encender la Navidad mientras se apaga el país no es celebrar: es burlarse de la gente».
Ante este panorama, la vocera partidista exigió a los organismos competentes garantizar el suministro continuo en sectores residenciales, centros hospitalarios y establecimientos comerciales, demandando además que las autoridades publiquen un cronograma oficial de administración de cargas mientras ejecutan los trabajos de recuperación del sistema.
Objeciones a la reforma de la ley eléctrica y al cobro indexado al euro
Por otra parte, en materia legislativa, la representante de Primero Justicia objetó los alcances de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico porque mantiene al Estado como operador, regulador y fiscalizador único del sector. Si bien reconoció que el instrumento legal abre espacio a la participación privada en las áreas de generación y autogeneración, advirtió sobre la ausencia de mecanismos que garanticen la transparencia durante los procesos de selección de contratistas.
Finalmente, respecto al esquema de facturación vigente, Cueva criticó que los entes recaudadores calculen las tarifas del servicio tomando como referencia el valor del euro frente a un salario mínimo nacional que permanece en 130 bolívares desde marzo de 2022, exigiendo también que expliquen con claridad los criterios técnicos de asignación y las fuentes de financiamiento de los subsidios eléctricos que anunció el Ejecutivo.
Con información de Alberto News
