La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este jueves, en segunda votación, un proyecto legislativo que modifica el código penal nacional. Ciertamente, los parlamentarios incorporaron formalmente una serie de figuras punibles específicas para regular la persecución de los crímenes de lesa humanidad en Perú.
Por lo tanto, los catorce legisladores de la junta validaron la propuesta antes de concluir sus funciones oficiales definitivas a finales de este mes. Asimismo, las agencias de noticias internacionales reportaron el fuerte debate institucional derivado de las restricciones jurídicas integradas en el nuevo texto legal.
Modificaciones al Código Penal y sanciones establecidas
Al respecto, la nueva normativa añade un capítulo entero para describir las agresiones sistemáticas ejecutadas con intención directa contra una población civil. Por consiguiente, el estatuto sanciona delitos graves como la desaparición forzada, el secuestro, la tortura, la violación sexual y el homicidio calificado. Sin embargo, el texto aprobado introduce polémicas limitaciones técnicas que contradicen los tratados internacionales suscritos previamente por el Estado.
Por otra parte, el impulsor de la iniciativa y presidente interino del Poder Legislativo, Fernando Rospigliosi, defendió activamente los alcances de la reforma. Efectivamente, el fujimorista argumentó que la ley evitará el uso político arbitrario de los conceptos jurídicos para juzgar de forma injusta a militares. Por esa razón, los sectores conservadores del parlamento celebraron la ratificación de las directrices que limitan el accionar de los jueces nacionales.
Críticas y posturas de la oposición en el Parlamento
Rechazo de las bancadas de izquierda en redes sociales
Por lo tanto, la legisladora Ruth Luque manifestó su rotundo rechazo hacia las decisiones de sus colegas mayoritarios a través de la plataforma X. Además, la diputada izquierdista denunció con vehemencia que la reforma desconfigura totalmente la esencia técnica e internacional de los derechos humanos elementales. Por este motivo, la funcionaria instó públicamente a las máximas autoridades del Gobierno nacional a rechazar la polémica promulgación del documento legal.
Exigencias de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Por otro lado, la directiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos catalogó el dictamen como un retroceso grave para el sistema judicial. En consecuencia, los activistas comunitarios emitieron un comunicado de prensa para presionar al mandatario encargado de la república, José María Balcázar. Específicamente, la organización civil argumenta que la restricción temporal del secuestro favorece la impunidad de delitos que poseen naturaleza jurídica imprescriptible.
Proceso de promulgación por el Poder Ejecutivo nacional
Finalmente, la junta directiva enviará formalmente el expediente aprobado hacia el despacho del palacio presidencial durante el transcurso de los próximos días. Por este motivo, el Ejecutivo dispondrá de un lapso de tiempo reglamentario para promulgar el decreto o plantear sus respectivas observaciones técnicas. Adicionalmente, el recambio parlamentario previsto para fines de julio condicionará el tratamiento futuro de las leyes penales complementarias de la nación.
Con información de EFE
