Valencia, 27 de mayo de 2026-. Paz eliminó los límites al estado de excepción en Bolivia. La medida fue oficializada el 27 de mayo de 2026, en medio de protestas que ya superan 22 días en distintas regiones del país. La norma permite una mayor participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial horas después de su aprobación en la Cámara de Diputados, que debatió el proyecto de forma virtual.
Paz eliminó los límites al estado de excepción en Bolivia
La ley elimina restricciones militares en Bolivia al derogar completamente la Ley 1341 sobre Estados de Excepción, vigente desde octubre de 2020.
Esa legislación establecía límites claros al uso de militares en protestas sociales. También fijaba condiciones específicas para su despliegue.
Entre ellas, destacaba que la Policía debía estar superada antes de recurrir a las Fuerzas Armadas. Además, el estado de excepción no podía extenderse más de 60 días.
Con la nueva norma, esas restricciones quedan anuladas. Esto amplía las facultades del Ejecutivo para actuar ante conflictos internos.
Sin embargo, la promulgación no implica automáticamente la activación de un estado de excepción. El presidente podrá decidir su aplicación cuando lo considere necesario.
Protestas impulsan decisión política
La aprobación ocurre en un contexto de alta tensión social. Diversos sectores mantienen bloqueos de carreteras y manifestaciones en varias regiones.
Las protestas se concentran especialmente en zonas andinas como La Paz, Oruro y Potosí. Allí, grupos exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El conflicto social ya suma más de tres semanas, con interrupciones del tránsito y afectaciones económicas en varias áreas.
Desde el oficialismo, legisladores señalaron que la medida busca dotar al Estado de herramientas para garantizar el orden público.
Al mismo tiempo, indicaron que la decisión responde a la necesidad de enfrentar escenarios complejos sin limitaciones legales previas.
Alcance y posibles efectos
La ley elimina restricciones militares en Bolivia y abre un nuevo escenario en la gestión de protestas y conflictos internos.
Especialistas advierten que el cambio podría modificar la forma en que se manejan las manifestaciones sociales en el país.
Aunque el Ejecutivo insiste en que se trata de una herramienta preventiva, el alcance de la norma genera atención dentro y fuera de Bolivia.
