Valencia, 22 de septiembre de 2026-. Operativos de ICE en Doral generan caída en ventas y temor en la comunidad venezolana mientras la alcaldesa lamenta no poder hacer mucho para mejorar la situación.
La ciudad de Doral, una de las principales comunidades venezolanas en el sur de Florida, afronta un creciente impacto socioeconómico debido a la intensificación de operativos federales de inmigración. La situación ha provocado una notable caída en las ventas de los negocios locales y una reducción drástica de personal en varios establecimientos, según informó el diario The Miami Herald.
Comerciantes de la zona reportan que muchos clientes han optado por no salir de sus casas ante el temor de encontrarse con agentes federales. Katia Rios, representante de Pipo Burgers, indicó que los ingresos de su negocio experimentaron una caída del 70% por la disminución de la clientela. Por su parte, la copropietaria de un restaurante local, Angélica Yepez, señaló que su establecimiento quedó operando con un solo trabajador tras la salida de seis empleados que abandonaron sus puestos por miedo a arrestos, pese a contar con solicitudes de asilo político pendientes.
Respuesta institucional y limitaciones municipales
Ante los reclamos del sector comercial, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, reconoció el clima de preocupación generado en la comunidad, pero aclaró que las autoridades locales carecen de facultades legales para impedir las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«Esto es ley federal. No podemos impedir que los agentes federales de ICE entren a las ciudades y realicen sus operaciones, estemos de acuerdo o no», afirmó la alcaldesa, quien añadió que el municipio no recibe avisos previos sobre los operativos y mantiene canales de comunicación con los afectados.
En paralelo, la ciudad adoptó previamente una cooperación formal con agencias federales mediante el programa 287(g), aprobado de forma unánime por el Concejo Municipal. No obstante, funcionarios locales precisaron que los agentes de la policía de Doral aún no han completado la capacitación migratoria correspondiente para efectuar este tipo de detenciones. El concejal Rafael Pineyro solicitó diferenciar entre infractores de la ley penal y familias con trámites migratorios pendientes que residen en la zona.
Fondo de emergencia y apoyo a familias afectadas
El clima de zozobra también se ha reflejado en la vida cotidiana, con familias que optan por mantener a sus hijos en casa bajo la modalidad de clases virtuales y trabajadores que expresan angustia ante la situación.
Para mitigar la presión económica sobre los hogares cuyos proveedores han sido detenidos, organizaciones comunitarias y activistas impulsaron un fondo de emergencia.
