Valencia, 21 de septiembre de 2026-. Regularizarse en Colombia como venezolano continúa siendo un proceso con pocas alternativas para quienes quedaron fuera de los mecanismos creados en años anteriores.
La demanda de orientación migratoria aumentó tras los anuncios del presidente colombiano Abelardo de la Espriella sobre operativos contra migrantes en situación irregular. El mandatario ordenó coordinar acciones entre Migración Colombia y la Policía para identificar a extranjeros irregulares y priorizar casos relacionados con delitos.
Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, señaló que el anuncio generó alarma entre la comunidad venezolana y elevó las solicitudes de asistencia para permanecer legalmente en Colombia.
Ante este escenario, Migración Colombia presentó una «Ruta de Regularización» con tres alternativas: el Permiso por Protección Temporal (PPT), el Permiso Especial de Permanencia Tutor (PEP Tutor) y la Visa V de Visitante Especial.
Sin embargo, las condiciones de cada mecanismo limitan el acceso de una parte importante de los migrantes venezolanos.
Regularizarse en Colombia como venezolano continúa siendo un proceso con pocas alternativas para quienes quedaron fuera de los mecanismos creados en años anteriores
En 2021, Colombia implementó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), que permitió regularizar a millones de personas mediante el PPT.
Según los datos suministrados, de los 2,8 millones de venezolanos que residen en Colombia, 1.969.524 están regularizados mediante este mecanismo.
Otros 319.695 permanecen en proceso de regularización y 528.339 están en situación irregular.
El prerregistro de adultos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) terminó oficialmente en 2023. Actualmente, el proceso para obtener el PPT está disponible exclusivamente para niños, niñas y adolescentes vinculados al sistema educativo o a programas del ICBF, hasta el 31 de diciembre de 2026.
El PEP Tutor también tiene un alcance limitado. Solo pueden solicitarlo padres, madres o custodios venezolanos de menores que ya contaban con un PPT aprobado o expedido antes del 31 de diciembre de 2023.
“Si un niño puede tener documento, pero si sus padres no tienen documento, ¿cómo mantienes la calidad de vida de ese niño?”, cuestionó García.
La directora de la Fundación Juntos Se Puede también planteó las dificultades para garantizar el acceso del menor a salud, educación y protección familiar cuando sus representantes no cuentan con documentación.
Visa V y otros mecanismos tienen restricciones
La situación también afecta a venezolanos que intentaron regularizarse mediante otras categorías migratorias.
Luis Frómeta llegó a Colombia en diciembre de 2023, cuando el registro para adultos ya estaba cerrado. Posteriormente intentó obtener una visa de nómada digital y una visa de profesional independiente.
Según su experiencia, los requisitos, costos y tiempos de tramitación hicieron inviable completar el proceso. Finalmente, abandonó Colombia a finales de 2025 después de pagar una multa de 1.500 dólares para evitar la deportación y una sanción migratoria.
Otro caso corresponde a Gabriela Escalante y su esposo, quienes llegaron a Bogotá en octubre de 2024 y solicitaron la Visa V de Visitante Especial.
Migración Colombia rechazó su solicitud el 1 de abril de 2025 al considerar que ambos se encontraban regulares el 4 de diciembre de 2024 porque habían ingresado como turistas.
La pareja sostuvo que ese estatus no les permitía trabajar formalmente ni desarrollar otras actividades necesarias para establecerse en Colombia.
Un análisis de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, publicado en mayo de 2025, señaló que la resolución que creó esta categoría presentaba aspectos confusos y vacíos de información.
El costo también dificulta la regularización
El PPT tampoco representa una solución permanente para quienes ya lo poseen. Los beneficiarios deberán optar por una visa de residente tipo R bajo el amparo del ETPV antes de que termine la vigencia del estatuto, prevista para el 30 de mayo de 2031.
La solicitud puede realizarse después de acumular cinco años continuos con PPT, PEP o ambos mecanismos.
El costo de la visa asciende a 500 dólares, una cifra que García considera difícil de asumir para los migrantes con menores ingresos.
“Tenemos una población en vulnerabilidad extrema, que es una población en pobreza, que en Colombia se llama estratos 1, 2 y 3, que hoy lamentablemente no están quedando regularizados por imposibilidades económicas”, advirtió.
A ese monto se suma el costo del pasaporte venezolano, que puede oscilar entre 200 y 350 dólares, además de traslados y otros gastos asociados.
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que el sistema migratorio colombiano todavía enfrenta limitaciones para responder a la magnitud de la migración venezolana.
Según Rodríguez, Colombia adquirió su actual ley migratoria en 2021, pero todavía existen herramientas e instrumentos pendientes de desarrollo.
