Valencia, 29 de mayo de 2026-. ONG ve que una reforma de ley eléctrica significaría más corrupción. La Organización No Gubernamental Monitor Ciudad fijó posición la mañana de este viernes ante la iniciativa parlamentaria.
Los directivos de la organización señalaron que esta medida legal podría terminar convirtiéndose en más focos de corrupción. A su juicio, el proyecto no representa una solución real para enfrentar la severa tragedia energética actual.
Jesús Armas, director de la ONG, cuestionó que un nuevo instrumento jurídico sea suficiente para resolver la crisis. El vocero afirmó que ninguna ley por sí sola va a poder resarcir los problemas eléctricos.
ONG ve que una reforma de ley eléctrica significaría más corrupción
El especialista coincidió con la idea de estimular las energías alternativas y promover un proceso de apertura. Sin embargo, advirtió que estos esquemas de privatización no son viables en el país sin una total transparencia.
Armas mostró preocupación ante la posibilidad de que el gobierno interino gestione de forma directa las nuevas concesiones. Aseguró que el proceso podría terminar beneficiando exclusivamente a sectores aliados a la administración pública actual.
Existe el riesgo de que los activos del país se vendan a precios extremadamente bajos, acotó el activista. Por ello, reiteró que la reforma de la Ley Eléctrica venezolana podría agravar los problemas en lugar de resolverlos.
Fondos dilapidados en el sector
La organización recordó que la crisis por los constantes apagones no obedece en absoluto a un vacío legal. El problema de fondo se vincula directamente con la deficiente administración oficial de los recursos económicos.
El vocero citó datos que demuestran que se dilapidó el 60% de lo invertido en el sector. Este desvío de fondos públicos sobrepasó los 23.000 millones de dólares entre los años 2000 y 2016.
Adicionalmente, se señaló que mientras no exista un plan global de recuperación económica, no habrá tarifas atractivas. Esta debilidad financiera hará muy poco probable la llegada de capitales e inversionistas internacionales al territorio nacional.
Propuesta de una sala de emergencia
Por su parte, Jesús Vásquez, también directivo de la ONG, planteó una alternativa para enfrentar la coyuntura. El experto propuso la instalación inmediata de una Sala de Emergencia para la Crisis Eléctrica.
Esta instancia permitiría transparentar quiénes ejecutan los contratos y conocer el destino real de todos los fondos. El espacio de monitoreo permanente contaría con la participación activa de las universidades, gremios y sindicatos profesionales.
Vásquez detalló que el sistema eléctrico nacional carece actualmente de 3.000 megavatios para cubrir la oferta requerida. Solucionar este déficit técnico de manera urgente superaría hoy una inversión de 5.000 millones de dólares.
Medidas de contingencia necesarias
Ante el panorama, la reforma de la Ley Eléctrica venezolana es vista como una medida que requiere revisión. La organización insiste en que primero se debe declarar formalmente una emergencia humanitaria en el sector energético.
Como acciones inmediatas, sugieren la instalación de barcazas y generadores eléctricos en las zonas con apagones más largos. Estas unidades de respaldo permitirían atender el clamor de las comunidades afectadas a corto plazo.
