Nicolás Maduro Guerra declara que la Ley contra el Odio «jamás debió existir» en Venezuela e insta a la oposición a asumir «errores». El diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, afirmó este domingo 25 de octubre de 2026 que la controversial Ley contra el Odio nunca debió existir en el ordenamiento jurídico venezolano.
El parlamentario reconoció que la nación no debió experimentar episodios de intolerancia ni persecución ideológica, admitiendo con franqueza que la violencia política forzó en su momento la sanción de dicho instrumento legal.
Frente a este panorama, el dirigente oficialista exhortó a las distintas fuerzas del país a reconocer sus propios excesos del pasado y detalló la hoja de ruta que seguirá el Parlamento tras el reciente pronunciamiento emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La autocrítica partidista, el reto a la oposición y las causas del texto legal
El legislador oficialista profundizó en los orígenes de la normativa y demandó madurez a las fracciones opositoras:
- Nicolás Maduro Guerra reflexionó abiertamente sobre la pertinencia histórica de la ley: «La Ley contra el Odio no debió existir porque en el país no tenía que haber odio ni violencia por razones políticas, pero la hubo».
- El diputado remarcó que el parlamento redactó ese texto punitivo como un dique de contención frente a las agresiones e instigación que imperaban en la sociedad debido a la discrepancia ideológica.
- El dirigente admitió sin ambages los fallos cometidos por la dirigencia revolucionaria a lo largo del prolongado conflicto cívico.
- El parlamentario emplazó a los adversarios históricos a mostrar una actitud reflexiva similar: «El chavismo reconoce que ha cometido errores. Yo quisiera saber si el extremismo opositor se atreve a reconocer que también cometió errores».
- El portavoz instó a la totalidad de las organizaciones partidistas a asumir sus responsabilidades históricas por los episodios de confrontación armada y callejera.
En tal sentido, la apelación al reconocimiento mutuo de culpas busca despresurizar el ambiente previo a las sesiones ordinarias en el Palacio Federal Legislativo.
A este respecto, diversos politólogos destacan que las palabras de Maduro Guerra representan un giro discursivo que intenta oxigenar la imagen institucional del chavismo ante la opinión pública.
Aunado a esto, las organizaciones cívicas recuerdan que la sociedad civil demandó durante años la derogación de dicha normativa por restringir la libertad de expresión y el debate periodístico.
Asimismo, los miembros del bloque parlamentario mayoritario sostienen que la superación del rencor partidista constituye el pilar indispensable para la paz ciudadana.
La ruta legislativa tras el dictamen del TSJ y el alcance de las excepciones judiciales
Primera discusión, consulta con la ciudadanía y convivencia democrática
Por otra parte, Nicolás Maduro Guerra pautó el cronograma de trabajo parlamentario que guiará el tratamiento de este instrumento en el hemiciclo.
El dirigente explicó que la plenaria de la Asamblea Nacional aguardaba el pronunciamiento previo del Tribunal Supremo de Justicia para iniciar formalmente las deliberaciones formales.
Dicho paso judicial habilita a la directiva del Parlamento a someter la propuesta a primera discusión, fase en la que los legisladores evaluarán la exposición de motivos y los aspectos estructurales del texto.
Dicho proceso contempla la activación inmediata de un amplio despliegue de consulta pública en todos los estados del territorio patrio para escuchar los aportes directos de las comunidades.
El legislador trazó el objetivo final de estas modificaciones normativas: «Venezuela tiene que estar en un camino de convivencia democrática con garantías políticas para todos los sectores».
En consecuencia, las comisiones técnicas de legislación afinan los borradores de reforma para asegurar que el articulado promueva el entendimiento ciudadano sin menoscabar el orden cívico.
De igual manera, los representantes gremiales y académicos esperan participar en los foros de consulta pública para elevar observaciones sobre el ejercicio del derecho a la libre crítica.
Mantenimiento de excepciones ante delitos graves
Por añadidura, el parlamentario precisó que la flexibilización del articulado no implicará una carta abierta a la impunidad judicial.
Maduro Guerra subrayó que el marco legal mantendrá excepciones taxativas y estrictas frente a expedientes que involucren acusaciones de alta gravedad penal.
Dicho límite blindará la persecución penal de conductas vinculadas con el homicidio premeditado, la conspiración contra la estabilidad de la República y el terrorismo organizado.
Dicha diferenciación pretende, según el diputado, preservar la soberanía de los tribunales de justicia ordinaria sin confundir la disidencia ideológica pacífica con delitos de lesa humanidad.
Por otro lado, los juristas independientes advierten sobre la necesidad de redactar tipos penales sumamente claros que impidan interpretaciones discrecionales en los tribunales penales.
De modo que la sorpresiva afirmación de que la ley nunca debió crearse, el reto directo a la oposición, el trámite legislativo en ciernes tras la sentencia del TSJ y la preservación de castigos para actos terroristas definen el escenario parlamentario nacional.
Con información de Unión Radio
