Versión Final – Caracas, 12 de agosto de 2023. El Ministerio Público rechazó este viernes la postura de dos relatores de Naciones Unidas sobre un supuesto «abuso crónico» de leyes antiterroristas por parte de autoridades del país para condenar a sindicalistas, una denuncia que -según el ente fiscal fue hecha «sin tener ninguna base para ello».
El MP expresa «su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas, Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule, quienes (…) han manifestado preocupación respecto al uso de leyes antiterroristas contra sindicalistas, sin tener ninguna base para ello», dijo la institución a través de un comunicado, difundido por el fiscal general, Tarek William Saab.
Los relatores de la ONU pusieron como ejemplo una reciente sentencia contra seis hombres a 16 años de prisión, quienes, según Saab, no son sindicalistas, sino «conspiradores».
En el comunicado, el ente fiscal rechazó «que se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se deben a su supuesta participación en organizaciones sociales».
Estos seis sujetos, prosiguió el MP, «pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP)», que había «planificado realizar varias acciones en contra del Gobierno», entre ellas «asaltar un conscripto de alistamiento militar» en el estado Mérida, con el objetivo de «apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto».
Con estas armas «planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades» del 5 de julio del año pasado por el aniversario de la independencia venezolana, en las que «participaría el presidente» Nicolás Maduro y el «alto mando militar».
El Ministerio Público señaló que, durante la detención, en julio de 2022, se les incautaron «evidencias de interés criminalístico que los vinculan a este grupo subversivo».
El juicio, extendido «por casi seis meses», tuvo un total de «13 audiencias, en las que fueron evacuados 15 órganos de prueba que sustentaban la acusación».
«Es de aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó, durante el juicio, alguna constancia que los acreditara como miembro de una organización sindical», aseguró la Fiscalía en el comunicado.
ONG y organizaciones gremiales exigen la libertad de los encarcelados, cuya inocencia reivindican, tras haber recibido penas por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
