Ministerio Público denuncia el presunto secuestro del fiscal general Roger Mariaca en Santa Cruz tras el allanamiento de su sede en Sucre y sanciones de Estados Unidos. el Ministerio Público de Bolivia denunció este miércoles 30 de septiembre de 2026 la aprehensión presuntamente ilegal del fiscal general de la nación, Roger Mariaca, durante un operativo ejecutado en el departamento de Santa Cruz bajo un completo hermetismo oficial.
La institución penal alertó simultáneamente sobre una intervención con efectivos policiales en las instalaciones de su sede principal ubicada en la ciudad de Sucre, capital constitucional del país.
Retención en Viru Viru y allanamiento de la sede en Sucre
Un portavoz de la Fiscalía denunció enérgicamente los hechos mediante una transmisión en directo por plataformas digitales desde la capital constitucional.
El representante institucional catalogó el suceso directamente como un «secuestro» contra la máxima autoridad del Ministerio Público:
La prensa local reportó que comisiones de seguridad abordaron y apresaron a Mariaca en los pasillos del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, sin que hasta el momento las autoridades policiales aclaren los motivos jurídicos del procedimiento.
En tal sentido, la ocupación sorpresiva del edificio central en Sucre encendió las alarmas entre jueces y fiscales de todo el territorio nacional.
A este respecto, el personal administrativo suspendió las labores rutinarias ante el despliegue de uniformados armados en los accesos de la sede fiscal.
Asimismo, los defensores de Mariaca exigen explicaciones inmediatas al Ministerio de Gobierno para constatar el paradero exacto y las condiciones físicas del funcionario.
Aunado a esto, las organizaciones de derechos humanos piden transparencia para evitar que pugnas internas vulneren las garantías del debido proceso.
La lista del Departamento de Estado y la respuesta del Parlamento
Retiro de visados y acusaciones de narcoterrorismo
Por otra parte, la aprehensión del titular del Poder Ciudadano ocurre apenas horas después de que la administración de Donald Trump revirtiera los visados de altos personeros en la región andina.
El Departamento de Estado estadounidense divulgó un expediente sancionatorio que castiga a personeros de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes señala por supuestos actos de corrupción y por atentar contra la estabilidad democrática:
- Bolivia encabeza la lista regional con un total de trece funcionarios y exfuncionarios sancionados, sumando además a un empresario privado.
- El gobierno estadounidense acusa directamente a Mariaca de sabotear los planes antinarcóticos de la Casa Blanca.
- Washington argumenta que las conductas del fiscal socavan el programa Escudo, iniciativa que busca blindar a los organismos democráticos.
En consecuencia, las declaraciones de la diplomacia norteamericana desataron una fuerte controversia en los círculos políticos de La Paz y Sucre.
De igual manera, diversos sectores exigen esclarecer si la acción contra Mariaca responde a requerimientos judiciales locales o a presiones de potencias extranjeras.
La Asamblea Legislativa alista una comisión de investigación
Por añadidura, el poder legislativo boliviano anunció que celebrará una sesión plenaria el venidero 5 de octubre para abordar de fondo esta conmoción institucional.
Los parlamentarios debatirán la conformación inmediata de una comisión especial encargada de indagar los señalamientos procedentes de Estados Unidos contra las autoridades señaladas:
A través del despacho de la Cancillería, el Parlamento remitió notas diplomáticas formales a Washington solicitando el envío íntegro de los expedientes probatorios que justificaron las sanciones contra Mariaca y los demás señalados.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo nacional catalogó el lunes como muy graves estas afirmaciones y ratificó que impulsará una investigación profunda para procesar a cualquier ciudadano ante los tribunales correspondientes.
De modo que la detención del fiscal general abre un frente de alta tensión entre las bancadas legislativas y el aparato judicial del país.
Con información de DW
