Los siete máximos jefes de las FARC inician su condena buscando desaparecidos en un cementerio del Huila y portando grillete electrónico. Los siete integrantes del último Secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron a cumplir este miércoles 23 de septiembre de 2026 su sanción penal mediante labores comunitarias y reparadoras.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que los sentenciados ya excavan en un camposanto del departamento del Huila para localizar y exhumar restos de personas desaparecidas durante el conflicto bélico.
Labores de exhumación en Pitalito y rigurosas medidas de control
La magistratura de paz impuso el año anterior una pena de hasta ocho años de trabajos restaurativos contra los excomandantes.
El dictamen judicial recae formalmente sobre Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, a quienes el tribunal responsabiliza por ejecutar más de 21.000 secuestros entre 1982 y 2016.
En tal sentido, los sentenciados deben acatar estrictas reglas de conducta que contemplan la permanencia en una residencia fija, un régimen horario severo y la prohibición absoluta de abandonar el territorio departamental o salir del país.
Asimismo, los siete exguerrilleros portan un dispositivo de geolocalización electrónica de manera ininterrumpida para garantizar el monitoreo permanente de sus traslados.
Aunado a esto, las faenas en el terreno arrancaron directamente en el cementerio San Antonio de Padua, en el municipio de Pitalito, camposanto que acogió decenas de cadáveres de combatientes y civiles sin identificar en los años más cruentos de la confrontación armada.
De igual modo, los peritos forenses que acompañan a los sentenciados ya recuperaron al menos 54 osamentas en ese recinto mortuorio, logrando la identificación plena de nueve personas hasta la fecha.
Cronograma hasta 2034 y acciones de memoria en Bogotá
Siete fases de sanción territorial
Por otra parte, los datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) reflejan una tragedia descomunal, contabilizando al menos 137.000 desaparecidos en Colombia desde 1921. En consecuencia, la JEP diseñó un plan escalonado en siete etapas continuas que se extenderá desde este mes de septiembre de 2026 hasta marzo de 2034 a lo largo de varias zonas de la geografía nacional.
Esta sentencia representa el primer fallo sancionatorio en firme que emite la corte especial creada con el histórico acuerdo de paz de noviembre de 2016.
Reparación simbólica y dignidad para los afectados
De igual manera, una comitiva de exmiembros del Secretariado desarrollará paralelamente un bloque de proyectos de memoria histórica en la capital colombiana:
Los condenados elaborarán testimonios dignificantes, organizarán bases de datos y apoyarán homenajes públicos orientados a visibilizar los devastadores efectos del cautiverio en miles de familias.
Por añadidura, los exdirigentes deberán financiar y coordinar planes productivos que garanticen el sustento económico de los núcleos afectados por las retenciones ilegales.
Con información de EFE
