Ley de Amnistía en Venezuela excluye sectores y genera críticas de activistas. La Ley de Amnistía en Venezuela genera críticas por dejar fuera a sectores perseguidos. Activistas advierten que no garantiza justicia plena.
Aunque la norma fue presentada como un paso hacia la convivencia democrática, su alcance es cuestionado. Organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una medida limitada.
Durante la 14.ª edición de los Encuentros Feministas “Sin mujeres no hay paz”, varias voceras analizaron el impacto real de la ley. El evento se centró en justicia transicional, género e inclusión.
Ley de Amnistía en Venezuela excluye sectores y genera críticas de activistas
Martha Lía Grajales aseguró que la ley es necesaria, pero insuficiente. Explicó que varios grupos afectados por persecución política no fueron incluidos.
Entre ellos mencionó a trabajadores judicializados por actividad sindical. También a campesinos que han sido criminalizados por exigir acceso a la tierra.
Asimismo, señaló la exclusión de militares procesados por delitos políticos. En muchos casos, estos no implican violaciones graves de derechos humanos.
Grajales también destacó que mujeres perseguidas por ejercer autonomía sobre sus cuerpos quedaron fuera. Esto, dijo, evidencia vacíos importantes en la normativa.
Advierten sobre falta de cambios estructurales
Defensoras de derechos humanos coinciden en que la ley no resuelve el problema de fondo. Insisten en que el país necesita reformas institucionales profundas.
Entre las principales preocupaciones está la permanencia de mecanismos de persecución. Sin cambios en estas estructuras, advierten, la situación podría repetirse.
Además, cuestionan la falta de garantías para la restitución de derechos. Esto incluye participación política y reparación a las víctimas.
Debate sigue abierto
La aprobación de la ley ha sido vista por algunos sectores como una señal inicial. Sin embargo, las críticas apuntan a que no es suficiente.
Familiares de presos políticos y organizaciones mantienen la presión. Buscan que se amplíe el alcance de la norma para incluir a todos los afectados.
Mientras tanto, el debate sobre su efectividad continúa. El foco está ahora en su aplicación y en posibles reformas futuras.
