Latinoamérica proyecta al menos 16 megacárceles al estilo de Nayib Bukele, pero expertos revelan por qué este modelo podría fortalecer al crimen organizado transnacional. La estrategia de mano dura que impulsa el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra el crimen organizado marca la pauta para diversos gobiernos de Latinoamérica, naciones que desde 2023 proponen construir al menos 16 megacárceles para replicar un sistema que despierta serias interrogantes sobre su verdadera eficacia y sus graves consecuencias para los derechos humanos.
En concreto, el avance de la violencia y la expansión delictiva explican el atractivo de una fórmula que promete resultados inmediatos frente a la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, este fenómeno genera profundas dudas sobre la viabilidad de trasladar las tácticas aplicadas contra las pandillas salvadoreñas hacia complejas redes criminales transnacionales. Al respecto, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), explicó a la agencia EFE las razones detrás de este entusiasmo regional: «Bukele ofrece algo que pocos Gobiernos pueden mostrar: una caída drástica de la violencia en poco tiempo.
Lo vende con una maquinaria de propaganda extraordinariamente eficaz, que muestra la megacárcel, deshumaniza a los detenidos y oculta los abusos. Por eso atrae incluso a países cuyos problemas criminales no se parecen en nada a los de El Salvador».
El mapa regional de las megacárceles y las visitas al Cecot
De este modo, países como Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala anunciaron o iniciaron proyectos penitenciarios de gran escala desde 2023, aunque muchas de estas iniciativas permanecen en fase de propuesta o construcción y operan más como gestos políticos que como reformas estructurales, según advierte InSight Crime en su investigación Mapa de las megacárceles de América Latina.
Por ejemplo, Costa Rica inauguró recientemente el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), recinto inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño con capacidad para 5.100 reclusos, mientras Ecuador puso en marcha la Cárcel del Encuentro en noviembre de 2025 y el presidente Daniel Noboa proyecta otro complejo para 15.000 internos.
Asimismo, Paraguay activó el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú para reos de alta peligrosidad y Argentina edifica el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap), conocido popularmente como ‘El Infierno’.
Además, el impacto mediático del modelo motivó visitas oficiales al propio Cecot, donde el mandatario chileno José Antonio Kast recorrió los pabellones días antes de asumir el poder para «tomar ideas» aplicables en su país, recorrido que también realizó en octubre la presidenta peruana Keiko Fujimori.
Por qué las prisiones masivas no desmantelan las redes delictivas
Por el contrario, Goebertus sostiene que los gobiernos regionales apenas copian la estética, la narrativa punitiva y el levantamiento de grandes infraestructuras, señalando que cuando Ecuador combinó estas cárceles con la militarización o Honduras aplicó un régimen de excepción, ninguno logró reducir sustancialmente los índices de violencia.
En este sentido, InSight Crime alerta que gigantescas organizaciones criminales como el Tren de Aragua en Venezuela, el Primer Comando Capital en Brasil y Los Choneros en Ecuador nacieron o consolidaron su poder precisamente dentro de los penales, transformándolos en verdaderos centros de operaciones y reclutamiento.
De igual manera, la vocera de HRW recalcó el riesgo contraproducente del encierro indiscriminado en prisiones latinoamericanas: «En América Latina, las cárceles no han sido el final del crimen organizado, sino con frecuencia su origen y su centro de mando. Allí se consolidan liderazgos, se recluta y se controla a la población privada de libertad, casi siempre con la complicidad de quienes deberían custodiarla», advirtiendo además que «el encarcelamiento masivo puede terminar ampliando la base de reclutamiento de estos grupos».
Denuncias de abusos y las diferencias estructurales entre países
Aunado a los cuestionamientos operativos, persisten graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en El Salvador, donde el régimen de excepción activo desde marzo de 2022 acumula decenas de miles de capturas junto a reportes de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. Sobre este punto, Goebertus denunció que la policía salvadoreña arrestó a miles de ciudadanos inocentes —incluidas víctimas de las propias pandillas— simplemente para cumplir cuotas de captura, por denuncias anónimas o por apariencia sospechosa, situación que llevó al propio Bukele a liberar unas 8.000 personas y a evaluar en octubre la libertad condicional para casi la mitad de los más de 90.000 reclusos.
Finalmente, la directora regional de HRW alertó sobre el peligro institucional de importar la idea de que los derechos humanos estorban a la seguridad ciudadana, subrayando que mientras El Salvador combatía pandillas locales de pocos recursos en un territorio pequeño, naciones como Ecuador enfrentan cárteles transnacionales que controlan rutas de cocaína, Honduras lidia con nexos entre narcotráfico y élites políticas, y Colombia atraviesa la degradación de un conflicto armado hacia bandas criminales mucho más complejas.
Con información de EFE
