Valencia, 26 de febrero de 2026-. La Unión Europea estudia confiscar activos venezolanos. La abogada venezolana Soranib Hernández solicitó a la Unión Europea medidas concretas contra bienes vinculados al Gobierno de Nicolás Maduro. La propuesta busca crear un fondo de apoyo para personas afectadas por violaciones de derechos humanos.
La Unión Europea estudia confiscar activos venezolanos
La solicitud fue presentada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que decidió mantener abierta la causa y pidió una respuesta escrita a la Comisión Europea.
Hernández pidió aplicar plenamente la directiva 2024/1260 sobre recuperación y decomiso de activos, que regula la incautación de bienes vinculados a delitos graves. La medida se enfocaría en personas físicas y jurídicas venezolanas sancionadas, incluyendo 69 ciudadanos señalados en listas restrictivas de la Unión Europea.
La abogada también solicitó activar mecanismos de confiscación contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado transnacional. Además, propuso establecer oficinas de recuperación de activos en todos los Estados miembros para localizar e identificar los bienes sujetos a decomiso.
Fondo para víctimas y uso social
La propuesta incluye utilizar los activos confiscados con fines sociales, aplicando criterios de justicia restaurativa en favor de víctimas venezolanas y europeas. Hernández planteó la creación de un fondo fiduciario gestionado por la Fiscalía Europea, que garantice transparencia, trazabilidad y distribución equitativa de los recursos.
“Europa no puede ser un refugio para fortunas construidas sobre el sufrimiento de un pueblo. Con las herramientas normativas vigentes, tenemos la responsabilidad de actuar”, afirmó Hernández.
Respuesta institucional y límites legales
Un representante de la Comisión Europea aclaró que muchas de las competencias recaen en los Estados miembros y que la confiscación depende de las autoridades judiciales nacionales. Aunque existe la obligación de crear oficinas de recuperación de activos, no hay mandato de localizar sistemáticamente bienes de personas sancionadas.
En cuanto a la reutilización social de los activos, los Estados miembros pueden adoptar medidas, pero no es obligatorio incorporarlas al Derecho nacional. Sobre la creación del fondo fiduciario, actualmente no existe base jurídica en la Unión Europea.
