La CPI denuncia sanciones de EE. UU. como intento de obstaculizar su labor. La Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) denunció este jueves que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra jueces y fiscales del tribunal representan “intentos lamentables de obstaculizar” la labor de la corte.
Funcionarios sancionados
La medida anunciada por la administración de Donald Trump afecta a los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), así como a los fiscales Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal). Se suma a las sanciones impuestas en junio contra cuatro jueces y en febrero contra el fiscal jefe, Karim Khan.
La Asamblea, que reúne a los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma, reaccionó “con profunda preocupación” y afirmó que estas medidas unilaterales suponen una afrenta directa a la independencia del tribunal.
La CPI denuncia sanciones de EE. UU. como intento de obstaculizar su labor
Según el comunicado, las restricciones “corren el riesgo de dificultar investigaciones en curso” que abarcan Palestina, Afganistán, Filipinas, Venezuela y varios países africanos. La CPI recordó que es un órgano judicial independiente e imparcial y que estas acciones ponen en peligro los esfuerzos por llevar justicia a víctimas de los crímenes más atroces.
Contexto político
Las sanciones fueron impulsadas tras la decisión de la CPI de emitir en noviembre órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo ataques deliberados contra civiles y el uso del hambre como arma desde octubre de 2023.
Ni Israel ni Estados Unidos forman parte de la CPI. Washington había cooperado en otras investigaciones, como la de los crímenes de guerra en Ucrania que llevaron a una orden de arresto contra Vladimir Putin, pero retiró su apoyo cuando las pesquisas alcanzaron a su aliado israelí.
Reacciones internacionales
El gobierno de Países Bajos, sede de la corte en La Haya, expresó su rechazo a las sanciones y recordó que los tribunales internacionales deben operar “sin obstáculos”. El ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp, subrayó que su país está comprometido a garantizar que la CPI pueda funcionar con la menor interferencia posible.
Las sanciones estadounidenses obligan además a bancos, aseguradoras y sistemas informáticos con sede o vínculos en EE. UU. a cortar relaciones con los sancionados, lo que implica desde bloqueos de cuentas hasta pérdida de acceso a correos electrónicos.
Con este escenario, la Asamblea llamó a los países miembros a reafirmar su compromiso colectivo con la justicia internacional y a garantizar que “nadie quede por encima de la rendición de cuentas”.
