Valencia, 11 de septiembre de 2026-. Jueza le ordenó a la administración Trump pagar más de 160 mil dólares por haber deportado a un venezolano al Cecot en El Salvador.
La jueza federal Stephanie Gallagher ordenó el pago tras concluir que la posición del Gobierno no estuvo sustancialmente justificada.
La decisión fue emitida el 8 de septiembre por el Tribunal Federal del Distrito de Maryland. El caso forma parte del proceso colectivo J.O.P. contra el Departamento de Seguridad Nacional.
El joven, identificado en los documentos como “Cristian”, pertenecía a una clase protegida de solicitantes de asilo que llegaron a Estados Unidos como menores no acompañados.
El acuerdo judicial impedía que los integrantes de esa clase fueran expulsados mientras sus solicitudes de asilo estuvieran pendientes.
Jueza le ordenó a la administración Trump pagar más de 160 mil dólares por haber deportado a un venezolano al Cecot en El Salvador
Cristian fue enviado a El Salvador en 2025 y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot.
La expulsión se produjo pese a las protecciones establecidas en el acuerdo judicial. En una resolución anterior, Gallagher determinó que el Gobierno había violado esas disposiciones.
Durante el litigio, las autoridades estadounidenses argumentaron que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros permitía realizar la expulsión sin cumplir las obligaciones previstas en el acuerdo.
La jueza rechazó esa interpretación y consideró que habría permitido al Gobierno retirar unilateralmente a integrantes de la clase sin el proceso establecido.
Gallagher señaló además que las autoridades realizaron otras actuaciones que consideró irrazonables durante el litigio.
Entre ellas mencionó afirmaciones no sustentadas sobre una supuesta pertenencia de Cristian al Tren de Aragua y la utilización de una decisión de asilo preparada para el proceso judicial.
Tribunal cuestionó actuación del Gobierno
La jueza también cuestionó que el Gobierno no informara oportunamente al tribunal sobre el traslado de Cristian a Venezuela durante un intercambio de prisioneros.
Según la resolución, esa falta de información ocurrió pese a que existía un plazo establecido por el tribunal para presentar un informe sobre el caso.
La magistrada concluyó que, al analizar todas las circunstancias, la posición general del Gobierno no tenía una base razonable suficiente en los hechos y en la legislación.
Aunque reconoció que algunas actuaciones podían haber tenido argumentos razonables, consideró que el conjunto de la actuación gubernamental no cumplió el estándar requerido.
¿Cuánto deberá pagar Estados Unidos?
El monto establecido por el tribunal asciende a $164.527,70.
De esa cantidad, $160.823,09 corresponden a honorarios de los abogados que representaron a la clase de migrantes.
Los restantes $3.704,61 corresponden a gastos y costos legales relacionados con el caso.
La jueza consideró razonables los gastos reclamados después de que los abogados realizaran ajustes a su solicitud inicial.
También rechazó reducir determinados costos relacionados con viajes y audiencias, debido a la urgencia de las circunstancias que rodearon el caso de Cristian.
El fallo se produce mientras el mismo proceso colectivo continúa generando disputas sobre la protección judicial de migrantes que llegaron a Estados Unidos como menores no acompañados.
