Jueza de Ecuador absuelve a 32 marineros de dos barcos pesqueros que bombardearon tropas de Estados Unidos tras constatar que la Fiscalía no probó nexos con el narcotráfico. Una jueza de Ecuador dictó sentencia absolutoria este miércoles 7 de octubre de 2026 a favor de 32 tripulantes pertenecientes a dos embarcaciones que fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron y bombardearon en aguas del océano Pacífico.
El Ministerio Público imputó originalmente a los marineros por el delito de asociación ilícita, atribuyéndoles supuestas labores de colaboración logística con organizaciones del narcotráfico internacional.
No obstante, la magistrada desestimó los cargos al corroborar que los acusadores carecían de elementos probatorios para demostrar la comisión de actos delictivos.
Falta absoluta de evidencias, el fallo judicial y el descargo de la defensa
El fallo de primera instancia benefició puntualmente a ocho tripulantes de la nave Conquista 2 y a 24 integrantes de la embarcación María Candelaria.
Ambas motonaves integran el grupo de ocho barcos pesqueros que tropas estadounidenses hundieron en cooperación con autoridades ecuatorianas entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre pasados.
El Comando Sur de Estados Unidos aseguró en sus partes operativos que estas naves funcionaban supuestamente como estaciones marítimas flotantes para suministrar combustible a lanchas rápidas que trasladan alcaloides hacia territorio norteamericano.
En tal sentido, el jurista Juan Alvia, defensor técnico de los pescadores, explicó los pormenores del dictamen emitido por el tribunal:
«Una vez que la jueza revisó las pruebas presentadas por la Fiscalía determinó que no se había podido probar que estas embarcaciones y esta tripulación hubieran cometido algún acto ilícito. No existía delito».
A este respecto, las autoridades vincularon inicialmente a los navegantes con la banda criminal Los Choneros, organización que mantiene nexos con el Cártel de Sinaloa y que Washington cataloga formalmente como grupo terrorista.
Sin embargo, Alvia denunció que el Ministerio Público no consignó ningún informe o reporte de agencias estadounidenses que vinculara directamente a sus representados con el tráfico de drogas o el contrabando de hidrocarburos.
Asimismo, el profesional del derecho aseveró de manera categórica frente a esos supuestos documentos: «Son documentos que no existen».
Aunado a esto, el letrado confía en que los fiscales desistan de interponer recursos de apelación, fundamentando su postura en la ausencia total de evidencias incriminatorias.
Los juicios pendientes y las exigencias de Human Rights Watch
Cronograma procesal para los otros 56 pescadores
Por otra parte, esta resolución constituye el primer veredicto dentro de una serie de tres litigios orales que involucran a 88 tripulantes de cinco embarcaciones bombardeadas.
El calendario del circuito penal contempla nuevas audiencias inmediatas en los tribunales:
- Este jueves iniciará el segundo juicio contra 46 tripulantes involucrados en los mismos operativos de interdicción marítima.
- El tercer juicio, estructurado para juzgar a otros 10 marineros, se celebrará el próximo 20 de octubre tras reprogramar la fecha original fijada para el 1 de octubre.
- Otros 70 marineros pertenecientes a los restantes tres barcos hundidos recuperaron la libertad plena sin formulación de cargos debido a que los jueces no hallaron indicios de delito al momento de su captura.
En consecuencia, el abogado Alvia anticipa que los jueces a cargo de las causas restantes ratificarán idéntica inocencia para los 56 procesados pendientes, dado que los hechos guardan total similitud jurídica.
De igual manera, los 32 tripulantes absueltos, quienes enfrentaron el juicio bajo régimen de libertad condicional, evaluarán junto a sus abogados las demandas que interpondrán contra el Estado.
Los marineros analizan solicitar una investigación exhaustiva por la destrucción violenta de sus barcos de trabajo y por el presunto secuestro que aseguraron sufrir antes de que los captores los entregaran a los militares de Ecuador.
Presión de las organizaciones internacionales de derechos humanos
Por añadidura, el operativo militar estadounidense despertó severas críticas entre los veedores internacionales.
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) solicitó el viernes pasado a los gobiernos de Quito y Washington revelar el sustento jurídico que facultó estos ataques armados en el Pacífico:
La entidad humanitaria exigió a ambas administraciones esclarecer de forma perentoria los atropellos y abusos físicos que denunciaron las tripulaciones pesqueras.
Por otro lado, los gremios marítimos de la región observan con profunda inquietud la destrucción sumaria de embarcaciones artesanales en maniobras antinarcóticos sin órdenes judiciales previas.
De modo que el dictamen exculpatorio debilita la narrativa castrense sobre los supuestos enclaves marítimos de abastecimiento criminal en la costa ecuatoriana.
Con información de EFE
